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El Gobierno nacional prepara una nueva ofensiva desreguladora. Esta vez, el foco está puesto en el mercado inmobiliario, donde la administración de Javier Milei busca modificar las reglas de una actividad que, según considera, presenta barreras que encarecen las operaciones y limitan la competencia. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley que propone una profunda reforma del corretaje inmobiliario. El objetivo oficial es reducir los costos de intermediación, ampliar la competencia y facilitar el acceso a la vivienda.
La iniciativa plantea un cambio de paradigma: dejar de considerar al corretaje inmobiliario como una profesión liberal para convertirlo en un servicio de intermediación comercial. El punto más controvertido del proyecto es la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula profesional y del título universitario para ejercer como corredor inmobiliario o martillero.
De aprobarse la iniciativa, los únicos requisitos serían ser mayor de edad y contar con el título secundario completo. Con ese cambio, los colegios profesionales perderían su poder de control sobre la actividad y dejarían de tener facultades disciplinarias. Su rol pasaría a ser el de asociaciones de adhesión voluntaria, sin capacidad para sancionar ni regular el ejercicio profesional. Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a liberalizar completamente el mercado de honorarios.
El Gobierno considera que los aranceles mínimos, los valores sugeridos o los topes fijados por colegios profesionales y provincias resultan incompatibles con los principios de transparencia y libre competencia. Por eso, propone que las comisiones puedan pactarse libremente entre las partes, sin ningún tipo de regulación tarifaria. Además, la reforma elimina las restricciones geográficas que actualmente existen para ejercer la actividad.
Si el proyecto se convierte en ley, una inmobiliaria podrá operar en cualquier provincia del país sin necesidad de tramitar nuevas matrículas locales, simplificando la expansión de empresas del sector. La iniciativa también incorpora un fuerte componente tecnológico. El Gobierno busca habilitar expresamente la participación de personas jurídicas y plataformas digitales -las denominadas proptechs- para que puedan intermediar operaciones inmobiliarias utilizando herramientas como inteligencia artificial, contratos electrónicos y sistemas digitales de gestión.
Según el proyecto, los nuevos operadores podrán realizar tasaciones, solicitar informes registrales y catastrales, otorgar garantías y representar a las partes durante el desarrollo de las operaciones. Incluso estarán autorizados a gestionar directamente documentación ante organismos públicos y entidades financieras, una tarea que hasta ahora se encontraba reservada a profesionales matriculados. La propuesta ya generó posiciones enfrentadas. Quienes respaldan la reforma sostienen que eliminar las restricciones actuales permitirá reducir costos, aumentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado.
Además, argumentan que la seguridad jurídica de las operaciones no depende de la colegiación obligatoria, sino del sistema notarial y registral que interviene en cada compraventa. En cambio, los colegios de martilleros y corredores inmobiliarios advierten que la iniciativa podría provocar una fuerte desprofesionalización de la actividad. Desde esas entidades sostienen que el sistema vigente protege el patrimonio de las familias, controla los antecedentes de quienes ejercen la actividad y cuenta con tribunales de ética capaces de intervenir rápidamente ante conflictos o malas prácticas.
La reforma inmobiliaria forma parte de un paquete mucho más amplio de cambios que impulsa el Gobierno nacional. Entre otras iniciativas, el Ejecutivo también promueve la liberación de precios de los libros, modificaciones en la comercialización de medicamentos, cambios en el cabotaje fluvial y nuevas reformas destinadas a eliminar regulaciones que, según su diagnóstico, encarecen el funcionamiento de distintos mercados. En ese marco, el proyecto incorpora un punto especialmente sensible. El Título X del anteproyecto declara la emergencia pública en materia administrativa y de competencia por un plazo de seis meses.
Durante ese período, el Poder Ejecutivo quedaría habilitado para modificar o derogar por decreto normas que otorguen beneficios o preferencias a determinadas profesiones u oficios, eliminar restricciones que distorsionen los precios de mercado en actividades que no sean servicios públicos y remover barreras territoriales o de zonificación que, según el Gobierno, obstaculizan el desarrollo económico. La iniciativa todavía deberá atravesar el debate parlamentario, donde promete generar una fuerte discusión entre quienes defienden una mayor apertura del mercado y quienes consideran que la desregulación pone en riesgo los mecanismos de control y protección para consumidores y operadores del sector inmobiliario.
