La Justicia puso sus ojos en la esposa de Adorni: investigan licitaciones, direccionamiento, cartelización y negocios con el Estado

La investigación judicial que involucra a Manuel Adorni suma nuevos capítulos y comienza a delinear un escenario cada vez más incómodo para el Gobierno. Bajo la órbita del juez Ariel Lijo y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, la causa busca determinar si existieron irregularidades en contrataciones del Estado y posibles conflictos de interés vinculados a la empresa de su esposa, Bettina Angeletti. 

El expediente, originado a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, apunta a un entramado que combina licitaciones millonarias, vínculos societarios cruzados y relaciones comerciales que podrían haber favorecido a determinados actores con acceso privilegiado al Estado. Uno de los ejes centrales de la pesquisa es una contratación realizada en 2025 para servicios de mensajería masiva -SMS, correos electrónicos y llamadas- adjudicada a la firma ATX S.A. por más de 3.650 millones de pesos.

La denuncia sostiene que las empresas participantes -ATX, Area Tech y Movilgate- "tendrían vínculos entre sí", compartiendo incluso domicilios y relaciones laborales previas entre sus directivos. La hipótesis que analiza la Justicia es contundente: una posible simulación de competencia para crear una "apariencia de pluralidad" en procesos que, en los hechos, podrían haber estado coordinados. La Justicia busca confirmar si se trató de un mecanismo deliberado para direccionar contratos.

A esto se suma la sospecha de sobreprecios. Según la presentación judicial, en licitaciones comparables el valor por SMS habría pasado de USD 0,045 a USD 0,076, un incremento que enciende alertas sobre el uso de fondos públicos. El foco también se posa sobre la consultora +Be, propiedad de Angeletti, señalada por mantener vínculos comerciales con empresas que, al mismo tiempo, resultan contratistas del Estado. 

Entre ellas aparecen firmas ligadas a concesiones, servicios tecnológicos y provisión a organismos públicos. La denuncia sugiere que este esquema podría configurar un circuito de beneficios cruzados: empresas que contratan con el Estado y, paralelamente, son clientes del entorno privado del funcionario encargado de áreas clave de la administración pública. Uno de los puntos más sensibles es la relación con proveedores vinculados a YPF. 

Según el expediente, una naviera contratista de la petrolera estatal también figura entre los clientes de la consultora de Angeletti, en un contexto donde el propio Adorni fue designado director en representación del Estado. La superposición de roles alimenta las sospechas de negociaciones incompatibles. La investigación no se limita al universo digital. También se encuentra bajo análisis la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años, un negocio millonario que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. 

Aquí, la Justicia intenta establecer si existió algún tipo de vinculación entre las empresas interesadas en la explotación del predio y el entorno familiar del funcionario. La sospecha es que las licitaciones podrían haber funcionado como "ventanillas" diseñadas para beneficiar a determinados actores. Frente a este escenario, Stornelli decidió avanzar con una batería de medidas de prueba. Solicitó los expedientes administrativos de contrataciones tecnológicas, documentación sobre servicios de comunicación del Estado y detalles sobre la concesión de Tecnópolis.

También pidió informes a la Inspección General de Justicia para reconstruir la estructura societaria de al menos siete empresas involucradas, con el objetivo de identificar a los verdaderos beneficiarios de los contratos y determinar si existe una red empresarial común. Otro punto clave es la reconstrucción de la "ruta de los proveedores": quiénes contrataron con el Estado, en qué términos y bajo qué criterios. La fiscalía busca establecer si se respetaron los estándares de transparencia o si, por el contrario, se trató de un sistema armado para favorecer intereses específicos.

Aunque la causa aún se encuentra en una etapa preliminar y las medidas deberán ser convalidadas por el juez, el avance de la investigación marca un punto de inflexión. No solo por la gravedad de los delitos que se analizan -fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad- sino por el impacto político que puede tener en el corazón del Gobierno. De esta manera, se buscará determinar si existió un esquema sistemático de utilización del Estado para beneficio de círculos cercanos al poder.