Que no te la cuenten cambiada
20 Febrero de 2026 11:39
El Gobierno Nacional extenderá por otros dos años la emergencia pública en materia ferroviaria, llevando su vigencia hasta junio de 2028. Esta medida, que inicialmente fue decretada en junio de 2024 tras un trágico choque de trenes en la línea San Martín, es una estrategia para acelerar obras de mantenimiento y recuperación del sistema ferroviario antes de dar el siguiente paso: su privatización.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 12 de la Secretaría de Transporte, pone nuevamente en el centro del debate público las intenciones del Ejecutivo respecto al futuro de los trenes argentinos: "La extensión de la emergencia permitirá mantener herramientas excepcionales de gestión, continuando con la reorganización del sistema ferroviario orientada a su eficientización y futura privatización, conforme a los lineamientos definidos por el Gobierno", afirmaron desde la Secretaría de Transporte sin vueltas.
La declaración inicial de emergencia en 2024 se sustentó en un informe elaborado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que evidenció un deterioro estructural generalizado en la infraestructura ferroviaria, el material rodante, los niveles de servicio y la programación de inversiones. A esto se sumaron las denuncias de los gremios del sector sobre deficiencias graves en el mantenimiento de las líneas y las condiciones laborales y, sin dudas, el choque en la estación Palermo fue el punto de quiebre que preocupó al gobierno que terminó dando el brazo a torcer para esta decisión.
Sin embargo, la prórroga actual no solo busca garantizar la continuidad del plan de obras en marcha, sino que también parece estar diseñada para preparar el terreno hacia la privatización del sistema ferroviario: "Diferir la decisión hasta una instancia próxima al vencimiento generaría un escenario de incertidumbre que podría comprometer la estabilidad y la continuidad de las acciones en curso", justificaron desde Transporte. Este argumento, aunque válido desde una perspectiva técnica, deja entrever que el objetivo final es entregar el control del sistema ferroviario a manos privadas.
El Gobierno anunció la ejecución de un ambicioso plan que incluye 226 obras prioritarias y más de 60 acciones estratégicas destinadas a mejorar el estado crítico del sistema ferroviario. Según los datos oficiales, los fondos se distribuyen principalmente para obras en vías y puentes (31%), compra y reparación de material rodante (27%), señalamiento (26%), infraestructura estratégica (7%) y obras eléctricas (5%), entre otros rubros.
Entre las medidas más destacadas se encuentran la renovación de más de 40 kilómetros de vías, la instalación de nuevas señales y la implementación del sistema de frenado automático en líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También se impulsan inversiones en material rodante, incluyendo la compra de locomotoras y unos 150 coches para pasajeros.
Este plan es parte de una estrategia para hacer más atractivo el sistema ferroviario a potenciales inversores privados y, con la Ley Bases que ya autoriza la privatización del sector sumado al deterioro actual del sistema es ni más ni menos que una excusa para justificar la transferencia al mercado privado.
La prórroga de la emergencia ferroviaria no puede analizarse fuera del contexto político y económico actual. En momentos donde el ajuste fiscal domina las decisiones en el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei sin contar las presiones internacionales para abrir mercados son cada vez más fuertes, esta medida no es más que una parte de un proyecto más amplio para reducir el rol del Estado en sectores estratégicos como el transporte; sin embargo, la historia demuestra que las privatizaciones en Argentina no siempre traen los beneficios prometidos.
