El agua no se negocia
10 Diciembre de 2025 11:46
La provincia de Mendoza amaneció con un clima de tensión social y movilización tras la controvertida aprobación del proyecto minero San Jorge. Ayer, 9 de diciembre, en una sesión marcada por el rechazo popular y un fuerte operativo de seguridad, la Cámara de Senadores provincial dio luz verde al proyecto que habilita la explotación de cobre en Uspallata, un hecho que terminó haciendo que los pobladores ocupen las calles con una ola de protestas en distintos puntos del territorio mendocino.
El oficialismo, liderado por el gobernador Alfredo Cornejo y alineado con la agenda extractivista de Javier Milei, logró imponer su mayoría en el Senado con 29 votos afirmativos, una abstención y tan solo seis rechazos provenientes del kirchnerismo y sectores ambientalistas.
La sesión se llevó a cabo en un escenario blindado: un vallado rodeó la Legislatura mientras cientos de policías controlaban el ingreso al edificio. Fuera del recinto, miles de mendocinos y mendocinas se congregaron para expresar su descontento con la decisión que es ni más ni menos que un ataque directo a la defensa del agua, recurso estratégico en una provincia con históricos graves problemas hídricos.
La indignación ciudadana no se hizo esperar. Bajo la consigna "El Agua de Mendoza, no se negocia", más de catorce cuadras de manifestantes colmaron las calles de la capital provincial en una marcha multitudinaria que recordó las históricas movilizaciones de 2019 contra la flexibilización de la Ley 7.722. En paralelo, otras localidades como San Carlos y Tunuyán, en el Valle de Uco, fueron epicentro de protestas. Vecinos realizaron cortes intermitentes sobre la ruta 40 y mantuvieron acampes en puntos estratégicos.
A pesar del descontento social, el gobernador Cornejo celebró hoy al mediodía la aprobación del proyecto San Jorge en una entrevista con Radio Nihuil. Envalentonado por el resultado, Cornejo afirmó que Mendoza salió "de la lista negra de las inversiones mineras" y destacó que este proyecto posicionará a la provincia como líder en la producción de cobre en Argentina.
"Sin dudas, es un proyecto emblemático. El primer cobre argentino va a ser mendocino", enfatizó el mandatario. Según su visión, la megaminería es una apuesta estratégica para incrementar empleo, inversiones y exportaciones: "Con la minería metalífera va a pasar eso, hemos dado la puntada inicial. Tomar la decisión contracultura en su momento es lo valorable", señaló mientras trazaba paralelismos históricos con la reconversión vitivinícola y el crecimiento del turismo enológico.
Sin embargo, sus palabras contrastan con la realidad en las calles. Las movilizaciones continúan y las asambleas socioambientales ya anunciaron nuevas acciones para frenar el un atropello contra los derechos fundamentales de los mendocinos.
Es que el proyecto San Jorge fue presentado con bombos y platillos por el gobierno como una oportunidad para generar empleo e inversiones millonarias que espera que la explotación minera genere más de 600 millones de dólares y unos 4.000 puestos de trabajo en 27 años. Sin embargo, organizaciones socioambientales y científicas cuestionan estas cifras, señalando que los propios estudios del proyecto reducen los empleos permanentes a apenas 500.
Además, el informe técnico sobre el impacto ambiental ha sido objeto de fuertes críticas. Instituciones como el Conicet y la Universidad Nacional de Cuyo alertaron riesgos graves como el uso de sustancias tóxicas como el xantato y la posible contaminación de acuíferos que alimentan el arroyo Uspallata y toda la cuenca del Río Mendoza, fuente principal de agua para el 75% de la población provincial.
La postura de Javier Milei es, por supuesto, determinante en este proceso. Desde el inicio de su gestión, impulsó un modelo extractivista que busca habilitar nuevos proyectos de megaminería en todo el país. Alfredo Cornejo, uno de sus aliados más cercanos, incluso la promovió derogación de la Ley de Glaciares, un reclamo histórico del sector minero que ahora está en debate en el Congreso.
