Tensión
10 Diciembre de 2025 12:35
La Confederación General del Trabajo (CGT) tiene todas las banderas listas y promete no dar ni un paso atrás frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que incluye modificaciones para los derechos de los trabajadores y debilita la estructura financiera de los gremios. Es por eso que la central obrera delinea un plan de acción que podría incluir paros generales y la paralización de actividades estratégicas como Vaca Muerta.
El proyecto presentado por el Ejecutivo ocupado por Javier Milei y su séquito de lúgubres funcionarios busca redefinir el concepto de "actividades esenciales", limitando el derecho a huelga e imponiendo garantías mínimas de prestación del servicio en sectores clave: la recolección de residuos, el transporte, la educación y los servicios sanitarios, entre otros.
Pero no se queda sólo ahí porque, según el texto que presentarán los libertarios, en caso de huelga, los trabajadores deberán garantizar entre un 50% y un 75% de los servicios mínimos, lo que para la CGT representa un ataque directo al derecho constitucional de protesta.
Además, la reforma incluye disposiciones que penalizan severamente los bloqueos sindicales y amplía las responsabilidades legales hacia las cúpulas gremiales. Esto supone un golpe directo a prácticas históricas del sindicalismo argentino, especialmente aquellas lideradas por el Sindicato de Camioneros bajo la influencia de los Moyano.
En medio de este panorama, Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y uno de los principales interlocutores sindicales con el gobierno, decidió ausentarse del cierre del Consejo de Mayo, una mesa multisectorial creada por Milei para discutir reformas estructurales. Aunque oficialmente se alegó problemas logísticos con su vuelo desde Washington, fuentes cercanas al sindicalista confirmaron que su ausencia fue una señal política ante el avance unilateral del Ejecutivo.
Martínez había intentado tender puentes con el oficialismo en meses previos (sobre todo con Santiago Caputo), participando activamente en negociaciones para garantizar ciertos derechos laborales básicos. Sin embargo, el fracaso de estas gestiones y la falta de respuestas concretas por parte del gobierno terminaron por desatar la furia de la CGT.
La amenaza sobre Vaca Muerta y los paros sindicales
Desde Azopardo 800, sede histórica de la CGT, se confirmó que el plan de acción sindical ya está en marcha. Uno de los puntos más críticos es la posible paralización de actividades en Vaca Muerta, un enclave estratégico para el abastecimiento energético nacional y una fuente clave de divisas.
Asimismo, la CGT habilitó a sus sindicatos adheridos a realizar movilizaciones y paros según lo consideren necesario. Aunque aún no hay fecha definida, no se descarta la convocatoria a un paro general en los próximos meses si el Ejecutivo persiste en su postura.
En paralelo, la CGT inicia reuniones con gobernadores y referentes políticos para sumar apoyos contra la reforma laboral. La semana pasada, los líderes sindicales se reunieron con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), quienes prometieron evaluar su intervención en el conflicto. También mantienen encuentros con figuras como Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, que ya adelantaron su respaldo a las medidas gremiales.
Si bien el Ejecutivo había prometido concesiones a la CGT en las negociaciones previas, el texto final del proyecto incluyó cambios inesperados que encendieron el conflicto. La inclusión del servicio de recolección de residuos como actividad esencial fue percibida como un golpe directo al Sindicato de Camioneros, mientras que las disposiciones sobre bloqueos sindicales amenazan con desarticular una herramienta histórica de protesta, algo que la nueva cúpula de la central obrera ya había rechazado determinantemente.
