Las declaraciones de Alejandra Monteoliva sobre el aumento de los suicidios dentro de las Fuerzas Armadas provocaron una fuerte reacción desde el interior de IOSFA, la obra social que atiende al personal militar y de seguridad. Rubén López, trabajador de la institución y secretario general de ATE, advirtió que la situación sanitaria y laboral es crítica y que el organismo quedó al borde del colapso.
Monteoliva había reconocido que "Cuando nos dicen que se incrementaron los suicidios de las Fuerzas Armadas yo digo que sí, que se incrementaron. En 2025 hubo un 30% más de casos que en 2024".

La ministra también afirmó: "Pero les cuento algo: se incrementaron los suicidios en el país y las FFAA no escapan a esa realidad", dijo y luego precisó: "La tasa de suicidio en Argentina está en el 22.7 cada 100.000 habitantes. Hace 10 años atrás ocurrían en 2300 suicidios y hoy son 5.000 por año".
Consultada por las causas, respondió: "Responden a distintos motivos. Nosotros intensificamos el acompañamiento (a los efectivos). El tema de la salud mental lo venimos abordando con acompañamiento desde áreas de bienestar como las capellanías que son una escucha directa". Y agregó: "Venimos trabajando hace tiempo con distintas medidas, como ayudas financieras porque tenemos ciertos niveles de endeudamiento formales e informales y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar".
Para López, esas declaraciones no pueden separarse del desguace de la obra social y de la eliminación de áreas fundamentales: "De Montoliva, qué decirte. Lo único que ella no se da cuenta es que el personal de seguridad, tanto de Gendarmería, Prefectura o cualquiera de las Fuerzas Armadas, tienen armas reglamentarias y portan armas; ellos están siempre al límite. O sea, no es como cualquiera de nosotros que por ahí no tienen ni portación de arma ni nada. Para ellos, tomar la decisión de suicidarse es más sencillo", sostuvo López.
El trabajador cuestionó que la ministra hable de acompañamiento mientras las estructuras especializadas fueron desmanteladas: "Con la que estuvo el anterior gobierno había un departamento de salud mental; ahora hay un departamento de salud mental que solamente está en capital, antes había uno que atendía a nivel nacional, pero lo fueron eliminando. También eliminaron también el de violencia de género, echaron a todas las personas".

La denuncia es especialmente grave porque IOSFA atiende a integrantes de fuerzas sometidas a situaciones de alta exigencia, con acceso permanente a armas y exposición a conflictos. Para López, la respuesta oficial no puede limitarse a mencionar capellanías o ayudas financieras cuando se redujeron los equipos profesionales que debían atender la salud mental y la violencia de género.
Una obra social endeudada y sin prestadores
López explicó que miles de afiliados permanecen dentro de IOSFA por recursos de amparo: "En cuanto a lo que quedó de IOSFA, no todo el personal de seguridad se fue, quedaron 5.000 afiliados con recurso amparo porque están con tratamiento dentro de esta obra social", dijo y apuntó contra la gestión actual: "La mala administración que tiene esta gestión de IOSFA de que asumió -desde el 2024 a la fecha- con los créditos millonarios que han sacado se creó la deuda de 223.000 millones de pesos".

El problema también afecta la atención cotidiana: "No le están pagando a los prestadores, sobre todo en el interior del país donde no tenés un hospital militar para la atención, no hay atención directamente ". López agregó: "Son pocos los prestadores a los que se le está pagando, en algún muchos lugares no no le están pagando ni a las droguerías para que lleven los remedios a las farmacias propias y tampoco a las farmacias convenidas donde las provincias o las localidades donde ya no tenemos farmacias propias".
De hecho, es este el problema que le ocurrió a Carlos Hugo Martínez, un militar retirado que se encadenó a la obra social que le negó sus medicamentos oncológicos y sigue sin proveerles al momento de terminada esta nota periodística. La falta de pago impacta en tratamientos, medicamentos y consultas médicas. En las provincias, donde no existen hospitales militares suficientes, la interrupción de convenios puede dejar a los afiliados sin atención o forzarlos a trasladarse grandes distancias para recibir prestaciones básicas.
El trabajador también denunció que la crisis no se limita a las cuentas: "Están haciendo un vaciamiento total de la obra social, quieren entregar incluso inmuebles que fueron comprados con patrimonio de la obra social, lo van a terminar vendiendo".
La reducción de personal y la posible transferencia de afiliados a empresas privadas forman parte del escenario que preocupa a los trabajadores. López explicó que una licitación ya habría derivado en el traspaso de descuentos de Gendarmería y Prefectura a Medicus: "Ella habla de la parte de lo que es, serían los gendarmes y los prefectos. Pero la realidad es que, por ejemplo, los que quedaron en la IOSFA, incluyendo a 5.000 gendarmes y prefectos por recurso de amparo, están haciendo un desastre", afirmó y sentenció: "La IOSFA está en el punto de quiebre total y obviamente corre el riesgo los 2,450 empleados que hay a nivel nacional en la IOSFA".

Según López, el proceso podría extenderse al personal militar: "Lo mismo va a pasar con los militares en actividad y retirados y los civiles en actividad de de las Fuerzas Armadas, tanto de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, incluyendo los 2.450 empleados que tiene la obra social, somos afiliados a la obra social... nosotros en este caso nos vamos a quedar directamente sin laburo".
Monteoliva reconoce que los suicidios aumentaron, admite que la deuda afecta a los efectivos y asegura que el Gobierno trabaja para acompañarlos. Pero, al mismo tiempo, desde IOSFA denuncian que se eliminaron los departamentos de Salud Mental y Violencia de Género, se echaron trabajadores, se dejaron de pagar prestadores y se acumuló una deuda de $223.000 millones.

La ministra había dicho: "Queremos que todos estén bien. Estamos trabajando con la Jefatura de Gabinete y con el equipo económico. Conocemos la realidad de la gente, me ocupé de explicarles lo que estamos haciendo" y también sostuvo: "Estamos prontos a definir la mejor manera que la gente pueda tener un alivio. Quisiera que todos los efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico".
Mientras el "alivio" espera una definición económica, IOSFA se queda sin trabajadores, sin prestadores, sin medicamentos y sin áreas esenciales. La ministra admite que los suicidios aumentaron. Los trabajadores denuncian que la obra social que debería contener a las fuerzas está siendo vaciada y en el medio quedan los afiliados, sus familias y quienes necesitan atención urgente. Un organismo que debería cuidar la salud terminó convertido en otra víctima del ajuste: endeudado, desguazado y a punto de caer.