Un límite te pido
Una chomba de trabajo debería servir para identificar a un trabajador, una dependencia o, eventualmente, al municipio al que pertenece. En Puan, sin embargo, la ropa entregada por el Ejecutivo local llegó con un detalle adicional: el nombre del intendente estampado en cada prenda. La inscripción que apareció en los uniformes municipales es clara: "Gestión Intendente Lic. Diego Reyes". Y lejos de pasar inadvertida, la decisión generó un fuerte rechazo entre los propios trabajadores comunales y terminó convirtiéndose en una polémica política que amenaza con escalar hacia organismos de control.
La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) de Puan presentó el pasado 13 de agosto un reclamo formal para exigir que la leyenda sea retirada de la indumentaria y que deje de utilizarse en futuras entregas. El planteo sindical apunta directamente al uso de recursos públicos para identificar personalmente al jefe comunal. Para la organización, una cosa es que una prenda diga "Municipalidad de Puan" y otra muy diferente es que lleve el nombre del intendente de turno.
La AOEM sostuvo que la frase "excede claramente la mera identificación institucional del Estado municipal, utilizando bienes públicos con una finalidad ligada a la promoción de la gestión del gobierno de turno". Y ahí aparece la pregunta: ¿se trata de ropa de trabajo o de propaganda con uniforme incluido? El sindicato no se limitó a manifestar su malestar. Formalizó el reclamo y le dio al Ejecutivo municipal un plazo de diez días hábiles para explicar quién autorizó la incorporación del nombre de Reyes en las prendas.
Además, reclamó que se adopten medidas para retirar la leyenda de la ropa ya entregada y que se suspenda su utilización en las próximas compras de indumentaria laboral. El argumento central es que los uniformes fueron adquiridos con recursos del municipio y, por lo tanto, deberían cumplir una función estrictamente institucional y laboral, sin transformarse en una herramienta de promoción del funcionario que gobierna. La organización gremial también cuestionó la medida a la luz de principios vinculados con la neutralidad del Estado, la ética pública y el uso adecuado de los recursos municipales.
Si el Ejecutivo no ofrece una respuesta satisfactoria, la AOEM anticipó que podría avanzar con denuncias administrativas y judiciales, además de recurrir al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, lo que comenzó como una inscripción en una chomba podría terminar convertido en un expediente formal sobre el uso de fondos públicos. Lo cierto es que los funcionarios tienen derecho a comunicar sus políticas y mostrar los resultados de sus administraciones. El problema aparece cuando esa comunicación deja de identificar al Estado y comienza a identificar al funcionario.
En este caso, la inscripción no dice simplemente "Municipalidad de Puan" ni "Municipio de Puan". Incluye explícitamente el nombre y título del intendente: "Gestión Intendente Lic. Diego Reyes". Porque la ropa no fue entregada en un acto partidario ni distribuida entre simpatizantes: fue comprada para que trabajadores municipales la utilicen durante su jornada laboral. Si la finalidad era identificar al municipio, el nombre del municipio habría sido suficiente.
La polémica rápidamente recordó un episodio que quedó grabado en la memoria política argentina: las zapatillas que Carlos Ruckauf hizo distribuir en 2001, cuando era gobernador bonaerense. En aquel momento, la Provincia entregó alrededor de 800.000 pares de zapatillas a estudiantes de escuelas públicas. El calzado llevaba impresa en la lengüeta la firma del gobernador y el eslogan oficial de su gestión: "Buenos Aires para todos".
El costo de la operación rondó los 3,2 millones de pesos/dólares de aquella época. La explicación oficial fue que la identificación buscaba evitar que las zapatillas fueran revendidas. Pero la oposición cuestionó duramente la medida y denunció un supuesto uso proselitista de recursos públicos destinados a sectores vulnerables. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos clásicos de personalismo político aplicado a la asistencia estatal.
Más de dos décadas después, la escena cambia de escenario pero mantiene un elemento inquietantemente parecido: un funcionario que decide que su nombre forme parte de un bien adquirido o distribuido por el Estado. El Ejecutivo de Puan tiene diez días hábiles para responder el reclamo de los trabajadores. Deberá explicar quién tomó la decisión de incluir el nombre del intendente, bajo qué criterio se autorizó y por qué se consideró necesario incorporar esa leyenda en una indumentaria financiada con recursos municipales. También tendrá que decidir si mantiene la inscripción o si acepta el pedido sindical y la retira.
