Inteligencia sin controles
02 Enero de 2026 09:19
El gobierno de Javier Milei avanzó este viernes en una de las reformas más sensibles desde el retorno de la democracia: una reestructuración integral del sistema de inteligencia argentino mediante un decreto de necesidad y urgencia que redefine competencias, concentra poder en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplía facultades operativas sin debate parlamentario previo. Aunque desde la Casa Rosada hablan de "modernización", "ordenamiento" y "transparencia", el contenido del DNU 941/2025 encendió alarmas en sectores políticos, jurídicos y de derechos humanos.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas "encubiertas", una definición amplia que, bajo el argumento de la "sensibilidad de la información" y la reducción del "riesgo estratégico nacional", limita de hecho cualquier posibilidad de control social efectivo y vuelve aún más opaco un sistema históricamente cuestionado por su falta de rendición de cuentas.
A esto se suma la habilitación expresa para que los agentes de inteligencia puedan "aprehender" personas en casos de flagrancia, auxilio o requerimiento judicial. El propio texto del decreto establece que "el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes". Aunque el Gobierno insiste en que no se trata de funciones policiales, la medida implica un corrimiento delicado de fronteras entre inteligencia y seguridad interior, un límite que la legislación vigente había buscado fijar con claridad tras los abusos del pasado.
El DNU también reorganiza la estructura del sistema, disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia, con facultades preventivas frente a "espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia" de actores externos. Sin embargo, el alcance de estas categorías -especialmente el de "operaciones de influencia"- despierta temores sobre posibles usos discrecionales en un contexto de alta conflictividad política y social.
En paralelo, el Gobierno avanza en una centralización inédita del poder en la SIDE, que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y controlar los presupuestos -incluidos los gastos reservados- y a requerir información a todos los organismos del Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Además, el decreto modifica el sistema de designaciones: los titulares de los organismos desconcentrados dejan de depender del Poder Ejecutivo y pasan a ser nombrados por el secretario de Inteligencia, reforzando el control interno y reduciendo contrapesos políticos.
Aunque fuentes oficiales aseguraron que la reforma "no fue diseñada para fortalecer el poder interno de la SIDE", los hechos van en sentido contrario. El propio decreto reafirma a la Secretaría como "órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional" y le asigna la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la centralización de la información que luego se eleva al Presidente.
Otro aspecto clave es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Mientras la protección de infraestructuras digitales pasa a un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la Jefatura de Gabinete, la SIDE conserva exclusivamente la ciberinteligencia. El Gobierno presenta esta división como un criterio de especialización, pero críticos advierten que el manejo de información sensible en el ciberespacio queda nuevamente bajo un esquema de secreto reforzado.
El decreto también elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y concentra esa función en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el argumento de evitar superposiciones. A la vez, crea dos nuevos ámbitos de coordinación -la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional- que amplían el universo de organismos que deberán compartir información sensible, desde fuerzas de seguridad hasta Migraciones, Renaper, Aduana y áreas estratégicas como energía y lo nuclear.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma "no amplía" sino que "delimita" funciones, y que introduce mayores controles a través de la creación de la Inspectoría General de Inteligencia. Sin embargo, la decisión de avanzar por DNU, en un área clave para las libertades públicas, vuelve a poner en discusión el uso sistemático de decretos para reformar políticas estructurales sin consenso democrático.
La oposición ya anticipó que la Comisión Bicameral de Inteligencia pedirá informes al Ejecutivo, aunque reconoce que el oficialismo cuenta con los votos para sostener la vigencia del decreto. En los hechos, el Gobierno de Milei consolida así un sistema de inteligencia más concentrado, más secreto y con mayores facultades operativas, en un contexto de ajuste, conflictividad social y debilitamiento de los controles institucionales.
