Polémica
14 Mayo de 2025 15:24
El Ministerio de Capital Humano de la Nación a cargo de la amiga personal de Javier Milei, Sandra Petovello, se encuentra en el ojo de la tormenta tras un fallo judicial que lo obliga a revelar información clave sobre una auditoría que sacudió al ámbito político y social. La diputada nacional Natalia Zaracho, en un esfuerzo por esclarecer los datos detrás de una grave denuncia, logró que el juez Pablo Cayssials, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9, ordenara al Ministerio entregar documentación que hasta ahora se mantiene bajo estricta reserva.
Todo comenzó cuando el ex Jefe de Gabinete Nicolás Posse, durante su intervención ante la Cámara de Diputados en mayo, mencionó una auditoría que habría detectado irregularidades alarmantes: casi el 50% de los comedores relevados no existirían. Esta declaración generó un profundo revuelo político que además puso de manifiesto las claras intenciones del gobierno de La Libertad Avanza de estigmatizar a los y las dirigentes de las clases populares.
En busca de respuestas ante la denuncia, Zaracho presentó un pedido de acceso a la información pública amparándose en la Ley 27.275. La solicitud incluía una copia del informe de auditoría mencionado por Posse, los formularios utilizados en el relevamiento y cualquier otra documentación vinculada. Además, exigía información sobre si los comedores auditados recibían recursos del Ministerio o si solo estaban inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM).
El Ministerio respondió al pedido, pero lo hizo fuera del plazo establecido y con argumentos que Zaracho calificó como "insuficientes". En su contestación, alegó que "mientras la Justicia Federal se encuentre en etapa investigativa, hacer pública cualquier otra documentación y/o información vinculada a la causa (...) podría entorpecer o frustrar los fines de la misma, lo cual es un riesgo real e identificable".
Para la diputada, esta respuesta no solo era extemporánea, sino que también evidenciaba una estrategia para evitar rendir cuentas. Zaracho advirtió que este tipo de contestación podría convertirse en un modus operandi para negar información bajo el pretexto de una causa judicial en trámite, incluso cuando esta se iniciara después del pedido de acceso.
El juez Pablo Cayssials no dejó pasar la ambigüedad del Ministerio. En su resolución, destacó que la respuesta estatal "informa", pero en los hechos "nada informa respecto de la solicitud de acceso efectuada". Además, señaló que el Ministerio se limitó a mencionar genéricamente las excepciones previstas en la Ley 27.275 sin ofrecer fundamentos sólidos.
💣Bombita. El 6 de mayo pasado, el Boletín Oficial comunicó que mediante el Decreto 302/2025, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger podrá intervenir -nuevamente- la Ley de Acceso a la Información Pública que ya había sido modificada en 2023 y donde se excluyó información considerada de "naturaleza privada".
En palabras del magistrado: "La sola referencia a la normativa que prevé las excepciones y la indicación a que mientras subsista la etapa investigativa en la Justicia Federal existe un riesgo real e identificable de entorpecerla (...) no satisface el cumplimiento del requisito de motivación suficiente". Según Cayssials, el Ministerio omitió justificar cómo la divulgación de la información solicitada perjudicaría la estrategia judicial o afectaría el debido proceso.
El juez también subrayó que "la circunstancia de que la accionada obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria". En este sentido, instó al Ministerio a actuar conforme a las pautas establecidas por la Ley 27.275, que garantiza el acceso a la información pública como un derecho fundamental.
Finalmente, Cayssials ordenó al Ministerio de Capital Humano reemitir una respuesta acorde al ordenamiento jurídico en un plazo máximo de 15 días. Este fallo representa un golpe para la estrategia evasiva del organismo y coloca bajo escrutinio su manejo de los programas sociales.
La disputa entre Zaracho y el Ministerio no es solo un enfrentamiento político; es también un debate sobre transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. La Ley 27.275 establece que toda persona tiene derecho a acceder a información pública sin necesidad de justificar su interés, salvo excepciones claramente fundamentadas. Sin embargo, este caso evidencia cómo esas excepciones pueden ser utilizadas como escudo para evitar cumplir con ese derecho.
El fallo del juez Pablo Cayssials no solo obliga al Ministerio de Capital Humano a entregar información; también sienta un precedente sobre cómo deben interpretarse las excepciones al acceso público. Con este fallo, la diputada Natalia Zaracho no solo busca esclarecer los datos detrás de la polémica auditoría, sino también garantizar que las instituciones públicas, ahora manejadas por La Libertad Avanza, cumplan con su deber de transparencia.
