Poder opaco y contradicciones
26 Enero de 2026 09:58
El Gobierno nacional avanzó este lunes con una serie de modificaciones en áreas sensibles del Estado que, lejos de transmitir orden y transparencia, volvieron a encender alarmas sobre los criterios de designación, las internas de poder y el manejo de organismos estratégicos. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aceptó renuncias y oficializó reemplazos en el RENAPER, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte y el ENARGAS, en un movimiento que combina causas judiciales abiertas, reciclaje de funcionarios y vínculos políticos cruzados.
La novedad central es la salida de Pablo Luis Santos al frente del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo el 1° de febrero. Santos figura como imputado en la megacausa Securitas, que investiga un entramado de coimas, direccionamiento de licitaciones y pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad privada a funcionarios públicos. La jueza Sandra Arroyo Salgado lo indagó en marzo de 2025, acusado de haberse interesado en beneficiar a firmas vinculadas a Securitas cuando se desempeñaba como director general de Administración del organismo.
Aunque aún no fue procesado ni sobreseído, su continuidad al frente de un área clave para la identidad de los argentinos ya resultaba políticamente insostenible. Sin embargo, la salida de Santos no implicó un giro hacia estándares más exigentes. Su reemplazante será Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, abogado y funcionario de extensa trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, que carga con un antecedente de alto impacto público: fue imputado en 2017 por el juez Sebastián Casanello por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp, donde murieron cinco jóvenes.
En aquel momento, Pérez Lorgueilleux era director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control porteña y defendió su accionar al sostener que la habilitación "se cumplía con los requisitos especificados en la normativa". El nuevo titular del RENAPER responde políticamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y este nombramiento marca su primer desembarco en un cargo nacional.
La decisión deja una señal inquietante: un organismo encargado de producir y resguardar los documentos de identidad de toda la población quedará en manos de un funcionario con antecedentes judiciales graves, en abierta contradicción con el discurso oficial de "idoneidad" y "tolerancia cero" frente a la corrupción y la negligencia estatal. La reestructuración también alcanzó a la UIF, el organismo antilavado. El Gobierno aceptó la renuncia de Paul Starc, ex fiscal identificado con el sector del asesor presidencial Santiago Caputo, y designó en su lugar a Ernesto Gaspari, señalado en el entorno oficial como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.
El dato no es menor: la UIF es una pieza central en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento ilegal, y su conducción bajo la órbita de figuras vinculadas a los servicios de inteligencia despierta sospechas sobre el rumbo que tomará el organismo. Starc, lejos de quedar marginado, fue reubicado en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada insistieron en que su salida respondió a una "decisión personal" y negaron tensiones políticas, aunque el traslado refuerza la idea de que, en el actual esquema, nadie se va del todo: los funcionarios se reciclan.
Los movimientos se completaron con cambios en otras áreas estratégicas. En la Secretaría de Transporte, el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini y designó a Fernando Herrmann como su reemplazo. En el ENARGAS, salió el interventor Carlos Alberto María Casares y asumió Marcelo Alejandro Nachón, quien según el decreto "reúne los antecedentes que justifican su postulación", una fórmula genérica que no despeja dudas en un contexto de creciente sensibilidad por las tarifas y la regulación energética. Lo cierto es que bajo el relato oficial, las renuncias y designaciones forman parte de una reestructuración normal del Estado.
