Claves para entenderlo todo
Ni los intensos debates ni las posturas enfrentadas lograron que la Cámara de Diputados otorgara este miércoles por la noche media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. Impulsada por el Ministerio de Economía, busca atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos de alto desarrollo tecnológico mediante un paquete de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con 130 votos a favor, 105 en contra y siete abstenciones, y ahora será remitido al Senado para su tratamiento. El debate parlamentario se extendió durante varias horas y culminó con la llegada al recinto de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien fue recibida con aplausos por el bloque oficialista; la hermana de Javier Milei se mostró como una rockstar -aunque se tuvo que bancar los cantitos que preguntaban dónde estaba Manuel Adorni- alrededor de las 23.30.
El proyecto del Súper RIGI está diseñado para captar inversiones en actividades económicas consideradas de frontera tecnológica, es decir, aquellas que aún no tienen desarrollo en Argentina o se encuentran en etapas iniciales de experimentación. Por ejemplo: la industrialización de minerales críticos como el litio y el uranio, la biotecnología, la fabricación de baterías, las energías renovables como el hidrógeno verde, la producción de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, pero también el desarrollo de reactores nucleares, semiconductores y, sobre todo, inteligencia artificial como un guiño a las reuniones con Peter Thiel, el magnate antidemocrático que estuvo reunido con gran parte del gabinete libertario.
El régimen establece una serie de beneficios para empresas que realicen inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, con un desembolso mínimo del 20% durante los primeros dos años. Las concesiones son históricas y a 30 años:
- Plazo de adhesión. Las empresas tendrán cinco años para adherirse al régimen desde su sanción y gozarán de estabilidad normativa por 30 años;
- Reducción del Impuesto a las Ganancias. La alícuota se reducirá al 15%, en contraste con el 25% que establece el Régimen General;
- Limitación a impuestos locales. Los distritos que adhieran al régimen no podrán imponer nuevos gravámenes locales, y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no podrá superar el 0,5%;
- Beneficios fiscales y aduaneros. Exención de derechos de importación y exportación para bienes relacionados con los proyectos aprobados;
- Contribuciones patronales reducidas. Se establece una alícuota del 10% para las empresas adheridas;
- Incentivos a la inversión local. Cada dólar destinado a investigación y desarrollo se computará doble para cumplir con el compromiso mínimo de inversión. Además, se exige que al menos el 20% del proyecto sea destinado a proveedores locales;
- Resolución de conflictos en tribunales internacionales. Se habilita esta posibilidad para garantizar seguridad jurídica a los inversores.
A pesar del entusiasmo del oficialismo por lo que consideran una herramienta clave para atraer capitales extranjeros y fomentar la innovación tecnológica, el proyecto no estuvo exento de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición. Legisladores opositores señalaron varios puntos flojos en la propuesta como las excesivas concesiones fiscales, reducciones impositivas y exenciones aduaneras fueron calificadas como un "cheque en blanco" para las grandes corporaciones.
Ni hablar de la falta de controles claros por la ausencia de mecanismos específicos para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas beneficiarias.
El debate parlamentario estuvo marcado por un clima tenso, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Mientras que los defensores del proyecto argumentaban que el país necesita medidas audaces para atraer inversiones en sectores estratégicos, sus detractores insistían en que esta no era la solución adecuada para reactivar la economía.
En paralelo y no menos importante, durante la misma sesión se aprobó otro proyecto clave para el Gobierno: un plan de pago destinado a saldar las últimas demandas pendientes por la deuda defaulteada de 2001, más conocidos como "fondos buitres". Esta iniciativa obtuvo una mayoría más amplia con 139 votos a favor y 97 en contra, convirtiéndose en ley.
