26 Enero de 2017 03:42
Tras ser presentado ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, arranca hoy formalmente en aerolíneas y cruceros el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.
Hoy se pone en práctica en aerolíneas y cruceros el Sistema de Información Anticipada.
“Este es un país que se ha forjado en base a la inmigración. Lo que tenemos es que complementarlo para detectar a quienes tienen antecedentes delictivos o procesos penales que ya fueron echados de otros países”, expresó el ministro durante la presentación.
Frigerio aclaró que hay unos doce millones de pasajeros por año y que en el 2016 se registraron 60.000 vuelos, a lo que hay que sumar los 900.000 pasajeros que llegan en los cruceros.
El sistema fue presentado ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Lo único que por ahora está fuera de este tipo de controles es el tráfico terrestre. “La posibilidad de generar un API Terrestre es algo que en estos momentos tenemos en estudio”, informó el director de Migraciones, Horacio García.
“Esta base de datos junto con la I 24-7 (Información las 24 horas los siete días de la semana) nos permiten compartir información con la base online de interpol y así obtener los perfiles de riesgo de cada pasajero. Saber, por ejemplo, si están vinculados a la trata, el tráfico, contrabando o narcotráfico”, puntualizó García.
El director nacional de Migraciones, Horacio García.
Consultado sobre las críticas que llegaron desde la oposición y algunos países vecinos, como el caso de cónsul de Bolivia, por considerarlas "xénofobas" Frigerio sostuvo que “éste es un país abierto a la inmigración de los hombres de bien, pero para los delincuentes no”, y propuso a quienes critican que esperen a que esté “publicado el Decreto”, para que puedan saber bien de qué se trata.
El segundo sistema de información que crea el Decreto que se promulgaría la semana entrante es el API, Información Anticipada del Pasajero. “Éste es un acuerdo con las empresas aerocomerciales por el cuál, cuando cierran un vuelo (venden todos los pasajes) nos informan la lista de pasajeros”, explicó García.
Por la Argentina circulan unos 12 millones de pasajeros por año.
Al ser consultado sobre cuáles son las ventajas de tener esta lista de manera anticipada el funcionario explicó: “Tener los nombres de los pasajeros antes de que comiencen el viaje nos permite verificar con la base de Interpol si tienen antecedentes o restricciones. Si al ingresar el nombre da un alerta roja sabemos que hay que esperarlo y detenerlo ni bien baja del avión, por ejemplo”.
Según el funcionario, “la decisión del Gobierno siempre fue que el Estado tenga una presencia fuerte, con un sistema de tecnología que permita compartir información con otros países, y un paso fronterizo ordenado. Porque en un país en el que hay 9.500 kilómetros de frontera, la tecnología es lo que nos permite tener mayor seguridad sobre los delincuentes que nacieron en otros países. De eso se tratan estos cambios. Y en eso venimos trabajando en equipo desde el año pasado”.
Por el momento, queda fuera de este tipo de controles el tráfico terrestre.
El otro cambio que introduce el Gobierno por decreto tiene que ver con poder acelerar el proceso de expulsión de aquellos inmigrantes que cometieron delitos en el país.
“Hoy, si bien la ley prevé que esto se haga, el proceso es larguísimo. Está llevando más de ocho años poder hacerlo efectivo. Nosotros ahora introducimos el 'proceso sumarísimo', que va a acortar los tiempos administrativos. Le va a dar una celeridad y rapidez que, todo el proceso va a llevar como mucho dos meses”, subrayó García, quien mantuvo una reunión con los "Curas Villeros" para intentar llevar tranquilidad a los inmigrantes de los barrios en los que ellos trabajan, que tenían temores.
"Les pedí que lleven tranquilidad a la gente, porque esto no cambia la Ley. Es más, si hay quienes todavía no regularizaron su residencia, o no tiene su DNI, ya sea porque no supieron cómo hacerlo o no tuvieron el dinero para terminar el trámite, esto no los afecta. Salvo que delincan. Hay que ser muy claros con esto", concluyó el Director de Migraciones.
Cómo funciona
En la práctica, el pasajero que llega presenta el pasaporte al personal de migraciones, éste carga los datos, que impactan en la base de Interpol, y ahí se sabe si tiene algún tipo de restricción.
Hay todo un sistema de alertas, con estándares internacionales que se grafican con colores.
El rojo significa que la persona tiene pedido de captura y hay que detenerlo. De ahí en más, se puede desplegar una amplia gama que pasa por el naranja, azul, etc.
Si el alerta es roja se hacen cargo las fuerzas policiales (la Argentina y la del país que requiere la detención del pasajero) de llevar adelante el proceso.
Si hay alerta roja (pedido de captura) se hacen cargo las fuerzas policiales.
En los otros casos, las aerolíneas tienen que cumplir con una carga pública. Esto implica que la aerolínea que trajo al pasajero, sin haber constatado que pudiera ingresar al país, corre con los gastos y se ocupa de subirlo a otro avión para llevarlo de regreso a su país de origen.
Voces en contra
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS,) junto a diversas organizaciones e instituciones le enviaron una carta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que solicitaron una reunión urgente y manifestaron su “preocupación y desconcierto” por la decisión del Gobierno nacional de modificar la legislación vigente en materia de política migratoria en la Argentina mediante un decreto de necesidad y urgencia.
“Las propuestas de modificación de la Ley de Migraciones 25.871 y de la Ley de Nacionalidad 346 no fueron presentadas, discutidas o debatidas de manera amplia. Ni siquiera se han utilizado para ello espacios institucionalizados ya existentes”, expresaron las entidades en el escrito.
Con el CELS a la cabeza, varias entidades cuestionaron la modificación de la legislación migratoria.
“Nos preocupa que las propuestas de reforma presentadas asocien la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado. De hecho, la participación de personas migrantes en el total de los delitos no es significativa: menos del 6% de la población carcelaria es extranjera, mientras que la conformación de la población extranjera en la Argentina es del 4.5 %. Esta vinculación puede habilitar, además, episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes, como el caso Marcelina Meneses, asesinada en el año 2001, en razón de su nacionalidad boliviana”, continuaron.
“Debemos manifestar que si las reformas normativas se concretaran a través de un decreto de necesidad y urgencia ello implicaría un avance sobre las facultades del Congreso, lo que agrava la situación de falta de participación en las discusiones vinculadas a una política migratoria basada en derechos humanos, en función de los compromisos asumidos por la Argentina con los Estados de la Región, con los órganos internacionales de protección de derechos humanos, esto tanto a nivel regional como universal”, concluyeron.
