Dudas
08 Mayo de 2025 16:38
El reciente nombramiento de Robert Prevost como nuevo Papa tras la muerte de Francisco I desató una tormenta de controversias, especialmente por las acusaciones de encubrimiento en casos de abuso sexual cuando ejercía como obispo en la diócesis peruana de Chiclayo. A pesar de los intentos de la diócesis por desmentir las graves acusaciones, la sombra de la duda se cierne sobre el líder de la Iglesia Católica.
La polémica comenzó con un informe del programa peruano Cuarto Poder de América Televisión, que señaló a Prevost -ahora León XIV- como responsable de encubrir las denuncias de abuso sexual contra el sacerdote Eleuterio Vásquez Gonzáles. Según el programa, el entonces obispo habría guardado silencio y no habría tomado medidas contundentes. Sin embargo, la diócesis de Chiclayo respondió en un extenso comunicado en el que asegura que estas afirmaciones son falsas y carecen de fundamento.
En el comunicado, la diócesis detalla que en abril de 2022 tres jóvenes denunciaron al sacerdote Vásquez Gonzáles por presunto abuso sexual contra menores: "Fueron recibidas y atendidas por el entonces Obispo de Chiclayo, Mons. Robert Francis Prevost", asegura la nota oficial. Además, subrayan que se inició una investigación previa, cuyo expediente fue enviado en julio de 2022 al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano competente del Vaticano para estos casos.
No obstante, lo que genera alarma es que, según el comunicado, la Fiscalía archivó el caso en 2023 debido a la prescripción de los hechos. Esto es ni más ni menos que, si bien no se niega la posibilidad de un delito, el tiempo transcurrido impide que se actúe por la vía civil. Por otro lado, en el ámbito canónico, el Papa Francisco había ordenado levantar la prescripción para estos casos, lo que debería haber permitido una investigación más profunda...
La situación se complicó aún más cuando Ana María Quispe, una de las denunciantes, inició una campaña en redes sociales en noviembre de 2023 exigiendo justicia y denunciando el archivamiento del caso tanto en el ámbito civil como eclesiástico. Ante esta presión pública, Mons. Guillermo Cornejo, que cumplía tareas como Administrador Apostólico de Chiclayo, decidió reabrir el caso en el fuero eclesiástico. Sin embargo, según la diócesis, Ana María no se presentó a declarar alegando "motivos de seguridad".
La diócesis fue tajante al señalar que "no corresponde a la verdad lo que se menciona en el programa al afirmar (Cuarto Poder) que 'la Iglesia no ha hecho nada para investigar'". Según ellos, el caso fue enviado a la Santa Sede y archivado por falta de pruebas. Además, aseguran que "no es verdad que dicho sacerdote haya admitido frente al -entonces- Cardenal Prevost haber cometido los hechos de los que se le acusa".
A pesar de estas aclaraciones, las dudas persisten. ¿Por qué un caso tan grave como este fue archivado? ¿Por qué no se actuó con mayor celeridad para garantizar justicia a las víctimas? ¿Qué implicaciones tiene esto para la figura del nuevo Papa?
El comunicado también menciona que "aunque públicamente se afirmó que habría más presuntas víctimas, sólo fueron a declarar dos de las tres que inicialmente denunciaron". Esta declaración deja entrever una posible falta de colaboración o temor por parte de las víctimas, lo cual es un síntoma alarmante del impacto psicológico y social que estos casos generan a lo largo de la historia.
La elección de Robert Prevost como Papa en medio de estas acusaciones plantea preguntas inquietantes sobre el compromiso real de la Iglesia Católica con la transparencia y la justicia en casos de abuso sexual. Mientras tanto, el caso sigue en curso en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero el daño a la credibilidad de la Iglesia y del nuevo Papa ya está hecho. ¿Será este otro caso más donde las denuncias quedan enterradas bajo capas de burocracia eclesiástica? El tiempo lo dirá, pero por ahora, las alarmas seguirán encendidas.
