Topes de ingresos y eliminación de categorías
23 Diciembre de 2025 09:42
El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública para modificar el esquema de asistencia en los servicios públicos y dejó allanado el camino para poner en marcha el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El procedimiento de participación ciudadana concluyó a las 0:00 del 20 de diciembre de 2025, tal como lo estableció la Resolución 592/2025 publicada en el Boletín Oficial, y marcó el fin del período de transición que regía hasta ahora. Durante quince días hábiles, la autoridad de aplicación recibió observaciones de usuarios, empresas distribuidoras, entes reguladores y asociaciones de consumidores.
Sin embargo, pese a los cuestionamientos planteados, el Ejecutivo avanzó sin modificaciones sustanciales hacia un esquema que redefine quiénes recibirán subsidios y quiénes quedarán definitivamente afuera. El proyecto implica una readecuación de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
El corazón del nuevo sistema es la Canasta Básica Energética (CBE), que fija un bloque de consumo mínimo "necesario" según la zona bioclimática de residencia. Sobre esa base, el Estado solo intervendrá cuando el costo de esa canasta supere entre el 10% y el 15% de los ingresos totales del hogar, cubriendo únicamente el excedente. Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es el endurecimiento del criterio de ingresos.
El acceso al subsidio quedará limitado a hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales, según la medición del INDEC. A valores de diciembre de 2025, ese umbral ronda los 3.640.000 pesos. El cambio no es menor: el sistema previo permitía ingresos de hasta 3,5 CBT, por lo que una franja de hogares que hasta ahora eran considerados de ingresos medios (Nivel 3) perderá automáticamente el beneficio.
A ese recorte se suma un fuerte filtro patrimonial. El nuevo régimen excluye del subsidio, independientemente del ingreso declarado, a los hogares que posean vehículos con menos de diez años de antigüedad (salvo en casos de discapacidad), dos o más inmuebles, embarcaciones, aeronaves u otros bienes considerados suntuarios. También quedarán afuera quienes tengan servicios de medicina prepaga no vinculados a un empleo en relación de dependencia o registren consumos elevados en moneda extranjera. El criterio, presentado como una herramienta de "justicia distributiva", fue cuestionado por su rigidez y por no contemplar realidades patrimoniales heterogéneas, especialmente en zonas donde la movilidad o la vivienda propia no implican altos ingresos corrientes.
Las asociaciones de consumidores que participaron de la consulta pública pusieron el foco en dos advertencias centrales. Por un lado, señalaron los topes de consumo subsidiado por regiones, que podrían resultar insuficientes en áreas con climas extremos. Por otro, reclamaron mecanismos de atención presencial para el registro, con el objetivo de evitar la exclusión de hogares sin acceso a medios digitales. El Gobierno tomó nota de las presentaciones, pero ratificó que el sistema apunta a establecer valores "consistentes con los costos económicos de abastecimiento".
El nuevo esquema también elimina las categorías N1, N2 y N3. A partir de ahora, el sistema se divide de manera binaria entre "hogares con subsidio" y "hogares sin subsidio". Los usuarios ya inscriptos en el antiguo RASE serán migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), aunque la autoridad de aplicación anticipó auditorías periódicas para verificar que se mantengan las condiciones exigidas.
Desde el Ejecutivo sostienen que el SEF representa la culminación del proceso de ordenamiento de los subsidios y una herramienta clave para reducir el gasto público. Sin embargo, el cierre de la consulta pública deja un sabor amargo entre organizaciones sociales y consumidores: el rediseño promete focalización y eficiencia, pero lo hace a costa de achicar el universo de beneficiarios y trasladar una mayor porción del costo de la energía a los hogares, en un contexto de ingresos deteriorados y tarifas en alza.
