Acusaciones internas
10 Febrero de 2026 11:54
El gobierno de Santa Fe endureció su postura frente a las protestas policiales registradas en Rosario y otras localidades y anunció sanciones disciplinarias y posibles consecuencias penales. El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, aseguró que la administración "va a cuidar las políticas que le devolvieron la paz a los santafesinos" y acusó a sectores internos de intentar desestabilizar la estrategia de seguridad.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes por la mañana en la Sede de Gobierno de Rosario, junto a los secretarios Esteban Santantino y Omar Pereira, el funcionario confirmó que al menos veinte policías serán pasados a disponibilidad por incumplimiento de deberes. La medida incluye el retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas, y podría ampliarse a medida que avancen las investigaciones administrativas y judiciales. "Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir", sostuvo Cococcioni al referirse a los planteos de un sector de la fuerza.
Según explicó, durante la noche previa se registraron acciones coordinadas que afectaron el funcionamiento operativo. En Rosario y Santa Fe "se intentó impedir la salida de no menos de veinte móviles policiales hacia tareas de patrullaje". En particular, indicó que en la ciudad más grande de la provincia varias unidades fueron estacionadas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y algunos agentes "abandonaron el servicio, dejando los patrulleros sin custodia". Aun así, remarcó que "el patrullaje se está sosteniendo con normalidad".
El ministro reconoció que existe "el reclamo legítimo por mejores condiciones laborales", pero sostuvo que la protesta fue aprovechada por actores con otros intereses. Según detalló, "se montaron grupos con intereses particulares y sectoriales que promovieron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y difundieron fake news a través de redes sociales y chats internos, con el objetivo de desestabilizar el despliegue preventivo". Además, vinculó esas maniobras con sectores desplazados de la fuerza: "Estamos investigando posibles ilícitos penales de grupos marginales y desplazados de la Policía".
A su vez, remarcó que estos grupos "no se resignan a que han perdido la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento". En ese marco, informó que el jefe de Policía ya inició actuaciones administrativas con apoyo de la Subsecretaría de Control y reiteró que los efectivos apartados fueron separados del servicio de manera preventiva. Paralelamente, el gobierno trabaja con el Ministerio Público de la Acusación para determinar responsabilidades penales, tanto de policías como de civiles.
El funcionario también buscó diferenciar a la mayoría de la fuerza del grupo sancionado: "Todo policía que cumple correctamente su función y ha contribuido a la reducción de la violencia en Santa Fe seguirá contando con el respaldo del Gobierno". Cococcioni defendió la estrategia oficial y aseguró que la provincia mantiene una "política de seguridad exitosa en articulación con el gobierno nacional", que permitió reducir los niveles de delito y violencia, especialmente en Rosario.
Destacó la coordinación con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el despliegue de fuerzas federales para sostener la presencia preventiva. Según afirmó, se trata de estándares de seguridad "que el gobierno provincial no está dispuesto a resignar".
