Condiciones indignas
Mientras el Gobierno de Javier Milei celebra la desaceleración de la inflación como uno de los principales logros de su gestión, un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet expone una realidad mucho menos auspiciosa para millones de trabajadores: el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tiene actualmente un poder adquisitivo inferior al que registraba en plena crisis de 2001 y acumula una caída real del 39,3% desde noviembre de 2023.
El dato golpea directamente uno de los argumentos centrales del oficialismo. Aunque la inflación mensual muestra una tendencia descendente, la recuperación de los ingresos continúa siendo una deuda pendiente para amplios sectores de la población. Según el estudio del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el salario mínimo vigente en abril de 2026 alcanzó los $357.800 mensuales. Sin embargo, para conservar el mismo poder de compra que tenía cuando fue creado en 1964 debería ubicarse hoy entre $1.509.000 y $1.838.000.
La diferencia resulta demoledora: el salario mínimo actual representa apenas entre el 19% y el 24% de lo que debería valer para garantizar las condiciones de vida que establecía la ley original impulsada durante el gobierno de Arturo Illia. Aquella normativa definía que el salario mínimo debía permitir cubrir alimentación adecuada, vivienda digna, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión para una familia integrada por dos adultos y dos niños. Sesenta y un años después, la distancia entre ese objetivo y la realidad cotidiana parece abismal.
El informe recuerda que en 1964 un trabajador que cobraba el salario mínimo podía comprar alrededor de 107 kilos de carne vacuna. También podía afrontar el alquiler de un departamento de tres ambientes en una buena ubicación de la Ciudad de Buenos Aires destinando poco más de la mitad de sus ingresos. Incluso un solo sueldo equivalía a más de 2.300 boletos de colectivo. La fotografía actual muestra una situación radicalmente distinta. La investigación sostiene que el salario mínimo alcanzó su máximo histórico en septiembre de 2011. Actualizado a valores de abril de 2026, aquel ingreso equivalía a $1.059.903.
Desde entonces comenzó una tendencia descendente que atravesó distintos gobiernos, pero que se profundizó de manera acelerada durante los últimos años. Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el salario mínimo ya acumulaba una pérdida del 44% respecto de aquel pico histórico. Sin embargo, el proceso continuó agravándose. La fuerte devaluación de los primeros meses de gestión, sumada al salto inflacionario posterior, provocó un derrumbe adicional. El estudio señala que el salario mínimo cayó 15% en términos reales en diciembre de 2023 y otro 17% en enero de 2024.
Aunque posteriormente hubo algunos períodos de recuperación parcial, los incrementos otorgados nunca alcanzaron para recomponer lo perdido. La situación se volvió aún más crítica desde mediados de 2025. De acuerdo con el informe, el SMVM acumula diez meses consecutivos de caída real. Durante ese período los aumentos nominales quedaron sistemáticamente por detrás de la inflación, consolidando una pérdida constante del poder adquisitivo. El problema no se limita al salario mínimo. Los investigadores advierten que el deterioro salarial atraviesa buena parte del mercado laboral.
Según los datos relevados, los salarios registrados del sector privado acumulan una pérdida del 4,8% respecto de noviembre de 2023, mientras que los trabajadores estatales sufrieron una caída todavía mayor, del 17%. A esto se suma la destrucción de empleo formal. El informe sostiene que desde la llegada de Milei al poder se perdieron aproximadamente 206.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, con especial impacto en actividades como la industria y el comercio.
Lo cierto es que el propio mecanismo de actualización del salario mínimo alimenta las críticas. Tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empresarios, el Gobierno decidió fijar los aumentos por decreto mediante la Resolución 9/2025. Así, en junio de 2026 el salario mínimo quedó establecido en $367.800, con un incremento mensual del 1,32%, muy por debajo de la inflación del 2,6% informada por el INDEC en la última medición disponible.
