12 Mayo de 2026 16:58
A más de un año del violento episodio que dejó al trabajador de prensa Pablo Grillo con lesiones gravísimas durante la represión de Gendarmería a una marcha de jubilados el pasado 12 de marzo de 2025, la causa avanza indefectiblemente hacia un inminente juicio oral. La jueza María Servini decidió elevar el caso contra el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, acusado de efectuar el disparo que hirió al fotoperiodista.
La decisión judicial fue tomada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara en marzo de 2026 el procesamiento del gendarme por el delito de "lesiones gravísimas".

Según la querella, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Guerrero debería enfrentar cargos por "tentativa de homicidio agravado" contra Grillo y "abuso de armas agravado" por otros cinco disparos realizados de manera prohibida durante esa fatídica jornada en la que la coordinación general de la aplicación del protocolo antipiquetes estaba Patricia Bullrich que en ese momento hacía las veces de Ministra de Seguridad de Javier Milei.
En su resolución, el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, fue categórico al señalar que Guerrero "representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico" y además, concluyó que "tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional".

La fiscalía subrayó que los disparos realizados por Guerrero fueron efectuados "de forma antirreglamentaria" y ocasionaron las graves heridas sufridas por Grillo y destacó que el gendarme contaba con "la formación y capacitación necesaria para aplicar correctamente lo establecido en el manual técnico del arma utilizada y en las normas que regulan el uso de la fuerza en el desempeño de su función".

Sin embargo, según el informe, Guerrero "ejerció las potestades conferidas debido a su cargo de manera abusiva al efectuar disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) contra un reportero gráfico que no representaba peligro alguno, y contra manifestantes que tampoco constituían amenaza".
La jueza María Servini también ordenó continuar la investigación sobre la cadena de mando y determinar posibles responsabilidades superiores en los hechos. Por otro lado, la Cámara rechazó los recursos presentados por el cabo primero Héctor Jesús Guerrero contra su procesamiento y dispuso "trabar embargo" sobre sus bienes y dinero, hasta alcanzar una suma de $203 millones.

