Latinoamérica unida para el cumplimiento de la Agenda 2030: desafíos del nuevo Foro de la CEPAL

Del 13 al 16 de abril la CEPAL organiza  en Santiago de Chile, la novena edición del "Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible". En un momento regional marcado por tensiones políticas, crisis económica y crecientes desafíos ambientales y sociales, el foro y su Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil aparecen como campo de disputa y esperanza para la implementación de la Agenda 2030. Big Bang News recogió voces claves desde la Mesa de Vinculación y plantea las preguntas que atraviesan la discusión regional. 

Desde 2017, bajo el auspicio de la CEPAL, el Foro de los Países por los ODS funciona como instancia regional anual para el seguimiento, el examen y el intercambio de experiencias sobre la Agenda 2030. Reúne Estados miembros y asociados, agencias de la ONU, fondos y bancos de desarrollo, bloques regionales, academia, sector privado y sociedad civil. En teoría, es un espacio de aprendizaje entre pares, exámenes voluntarios y discusión de metas comunes. En la práctica, la presión de las agendas políticas conservadoras, la crisis del multilateralismo y el poder de intereses extractivos cuestionan si el foro será capaz de traducir consensos en políticas concretas y vinculantes.

El Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil: estructura y alcance

Dentro del foro funciona el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda 2030, diseñado para garantizar el derecho a la participación y a la información de organizaciones, movimientos, colectivos, sindicatos y redes que trabajan por la justicia social, económica y ambiental. Su propósito es asegurar una participación significativa, democrática, diversa y sostenida, con marco de derechos humanos, igualdad de género y criterios de sustentabilidad ambiental.

La Mesa de Vinculación coordina la representación: cada subregión y cada grupo temático eligen un representante y un/una alterno/a. Las subregiones son: América Central; Caribe hispanoparlante y México; Caribe anglófono y francófono; Zona Andina y Cono Sur. Los grupos temáticos cubren desde niñas, niños y jóvenes hasta mujeres, adultos mayores, personas que viven con VIH, pueblos indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas LGBTI, trabajadores y trabajadores, personas rurales y muchas otras especificidades poblacionales.

Marcela Browne, es profesora de la UBA, psicóloga social, posgraduada en diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, responsable de Educación de la Fundación SES (con estatus consultivo ante la ONU), trabajó desde 1999 en la promoción de derechos de adolescencias y juventudes. Fue una de las personas votadas para integrar la Mesa de Vinculación, cuyo mandato concluyó recientemente.

Consultada sobre cuándo fueron votadas para ser la Mesa de Vinculación del Mecanismo, respondió: "A fines de 2022 se decidió renovar la facilitación del mecanismo mediante elecciones democráticas. En ese momento la facilitación estaba en manos de Mabel Bianco y Bárbara Jiménez. No existían aún los Términos de Referencia tal como los conocemos; se diseñaron después, en el marco del trabajo que desarrollamos con Sandra Castañeda de Colombia, Mónica Jasis de México y las organizaciones con membresía. Nos presentamos individualmente con la convicción de trabajar en forma colegiada, fuimos elegidas y asumimos. Poco después ya tocaba realizar el Foro anual que organiza la CEPAL, en el que el mecanismo tiene un rol central". 

Además, sobre su propio trabajo en la Mesa de Vinculación, explicó: "Fue un desafío enorme y un honor. Representamos a casi 500 organizaciones y redes de la región. Entre logros, mantuvimos la articulación con los puntos focales de los grupos temáticos, organizamos eventos, participamos en el Foro Social y el Foro Político de Alto Nivel, organizamos cada año el Foro de la Sociedad Civil en el marco del Foro de Países de la CEPAL, publicamos documentos de posicionamiento e iniciamos el proceso para que el mecanismo sea reconocido como actor regional ante Naciones Unidas (ya presentamos documentación)".

Sin embargo, no fue todo color de rosas: "Las dificultades incluyen que no todos nos conocíamos y la complejidad de conformar un equipo colegiado. La sociedad civil también reproduce prácticas que criticamos: competencia por recursos, agendas particulares que dificultan priorizar intereses sectoriales comunes. No obstante, logramos avances concretos en incidencia y visibilización", contó.

Horizonte regional y defensa de derechos

En un contexto marcado por los desafíos del avance de la ultraderecha, María José Lubertino, ex presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), doctora en Derecho, profesora en la UBA, feminista y ecologista, integra la Mesa de Vinculación junto con Fanny Sequeira Mata (Costa Rica) y Rosario del Pilar Díaz Garavito (Perú). Esto no es menor porque su llegada ocurre en un contexto regional de reconfiguración política y desafíos al multilateralismo

Y, sobre los objetivos más importantes para esta gestión en la Mesa de Vinculación del Mecanismo, explicó que "son colectivos y elaborados como plataforma junto con Fanny, Rosario y el resto de organizaciones que componen el Mecanismo", dijo y analizó en profundidad: "Lo principal es mantener la región unida frente a ataques al multilateralismo y frente a grupos que niegan el problema de la deuda pública, la justicia social, ambiental y de género. Buscamos fortalecer vínculos con gobiernos dispuestos al diálogo constructivo para apuntalar lo avanzado de la Agenda 2030 y acelerar lo pendiente. La idea es sostener democracias integrales, no solo procesos electorales: democracias participativas donde la sociedad civil sea consultada y vinculada en la toma de decisiones".

En cuanto a las buenas prácticas, barreras y desafíos que ve en la región, Lubertino no dudó en contestar que: "Las barreras son mantener la unidad de la sociedad civil y sostener gobiernos democráticos con diálogo constructivo. Además influyen factores globales como conflictos bélicos, modelos extractivistas y mecanismos financieros que esquilman al Sur Global. Entre los desafíos urgentes están colocados en la agenda: la democracia participativa, la justicia social, la justicia de género, la justicia ambiental, la deuda y los efectos del extractivismo. También proponemos que las mejores prácticas y leyes nacionales sean tomadas como piso mínimo regional: esa fue una estrategia eficaz en etapas del Mercosur ampliado para impulsar cambios en políticas públicas", explicó contundentemente.

Juventudes, parte efectiva 

Rosario del Pilar Díaz Garavito, activista y fundadora de The Millennials Movement, rememora la construcción del Foro de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes —nacido en 2017 y consolidado en 2019— como un ejemplo de participación que creció desde la movilización juvenil y se integró al mecanismo regional. Su apuesta para la gestión es fortalecer la transparencia, los procesos internos y la capacidad de incidencia colectiva del Mecanismo. Cada año este Foro brinda un espacio de intercambio para las juventudes que trabajan por los ODS en América Latina y el Caribe. 

Sobre su rol actual al frente del Mecanismo de Sociedad Civil, cuenta: "La gestión del mecanismo es colectiva. Al presentarnos como terna elaboramos, junto a numerosas organizaciones y grupos, un documento con propuestas concretas. Mi objetivo es cumplir ese plan: fortalecer las tres estructuras del mecanismo y sus procesos, garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y ampliar la revisión y seguimiento de sus acciones. Buscamos facilitar la incorporación de más organizaciones, lograr una interacción más fluida con las contrapartes y aumentar la capacidad de incidencia colectiva. En resumen: reforzar las estructuras internas y los canales de transparencia para asegurar una participación más amplia y efectiva".

La foto regional: tensiones políticas y riesgo de retrocesos

El contexto político actual de la región —con reconfiguraciones en bloques como el Mercosur y la emergencia de gobiernos que cuestionan el multilateralismo— exponen riesgos concretos. Las entrevistas y los testimonios recogen preocupaciones sobre la fragilidad de los compromisos estatales: gobiernos que se retiran o dudan de participar en foros internacionales; discursos que deslegitiman la Agenda 2030 como "agenda woke"; y decisiones de política pública que afectan derechos y estándares internacionales.

Las voces reunidas denuncian en Argentina un desmantelamiento de políticas públicas clave: retrocesos en salud sexual y reproductiva, recortes presupuestarios en áreas ambientales, reformas legales que afectan la protección de glaciares y del patrimonio natural, recortes en fondos para manejo de bosques y manejo del fuego. Además de reformas laborales regresivas que amenazan derechos laborales adquiridos, y un clima de represión simbólica y material: discursos de odio, intimidación a periodistas, restricciones a libertades públicas y criminalización de movilizaciones, además de violaciones a derechos de personas mayores y personas con discapacidad.

Aunque Argentina ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos (algunos con rango constitucional), las entrevistas advierten una tensión entre compromisos formales y prácticas estatales que vulneran estándares. Esa contradicción abre debates sobre la exigibilidad y la necesidad de mecanismos de monitoreo y denuncia internacional, además de fortalecer instancias nacionales que protejan derechos.

Por lo tanto, un desafío constante del Mecanismo es transformar la pluralidad en unidad estratégica. La sociedad civil tiene creatividad, energía y redes de resistencia, pero también enfrenta tensiones internas: competencia por recursos, diversidades de agendas y reproducir prácticas que critican. Aun así, la masa crítica de organizaciones ha logrado producir documentos, posicionamientos y presencia en espacios clave del foro político regional e internacional. Las propuestas estratégicas recurrentes y concretas:

1. Sostener la unidad regional de la sociedad civil y fortalecer la coordinación entre grupos temáticos y subregiones.
2. Promover la democracia participativa: consultas vinculantes, participación real con perspectiva de género y mecanismos que garantizan inclusión.
3. Adoptar buenas prácticas nacionales como piso mínimo regional: que leyes y políticas progresivas se transformen en estándares para toda la región.
4. Reforzar la fiscalización y transparencia: monitoreo ciudadano de presupuestos y cumplimiento de metas de los ODS, incluyendo indicadores con perspectiva de género, de justicia ambiental y territorial.
5. Reformar la arquitectura financiera: negociar alivios de deuda y condiciones favorables para que los estados puedan financiar políticas sociales y ambientales.
6. Exigir democratización de la institucionalidad multilateral: más accesibilidad para la incidencia de todas las poblaciones y organizaciones de personas en situación de vulnerabilidad en la Asamblea General y de órganos de tratados frente a bloqueos que impiden decisiones esenciales.

Las entrevistadas sostienen que las Naciones Unidas y sus organismos no son responsables únicos de la crisis, pero requieren reformas de democratización y operatividad. Señalan la necesidad de que la Asamblea General tenga mayor peso frente a órganos que bloqueen decisiones, mayor transparencia y mecanismos que faciliten la participación efectiva de la sociedad civil de los países del Sur Global.

Balance: crítica y esperanza 

Mientras el canciller Pablo Quirno presentó la candidatura del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi, al cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno argentino sortea una contradicción y conflictos con la alineación al gobierno de Donald Trump, quien junto a Milei han criticado y votado juntos en la ONU en reiteradas ocasiones. Al respecto, el 7 de enero Trump firmó un memorando presidencial ordenando el retiro de EE.UU. de 31 organismos internacionales vinculados a la ONU. Los ojos en la comunidad internacional están puestos en los movimientos de la cancillería y en su escueta defensa para postular a un cargo tan alto en las Naciones Unidas, que tanto Trump como Milei, denostan.

El diagnóstico es crítico: hay retrocesos reales, decisiones de política pública que erosionan derechos y un clima político que a menudo dificulta avanzar en la Agenda 2030. Sin embargo, existe una sensación de esperanza activa: la sociedad civil mantiene energía, redes de trabajo y capacidades de incidencia, experiencias concretas que pueden elevar estándares y una agenda clara sobre la que confluir: justicia de género, justicia ambiental, deuda y democracia participativa.