Uniformes manchados
07 Mayo de 2025 10:39
La noche del 17 de marzo en Mar del Plata terminó convertida en el escenario de un oscuro episodio que, todavía hoy, estremece al puerto y sacude los cimientos de la Prefectura Naval Argentina. Lo que comenzó como una supuesta operación para recuperar una deuda millonaria terminó en un secuestro brutal, un error fatal de identidad y un escándalo institucional de proporciones mayúsculas.
Todo ocurrió en las inmediaciones de las Terminales II y III del puerto marplatense. Allí, en plena vía pública y bajo la tenue luz del alumbrado, una camioneta Volkswagen Amarok gris interceptó a dos trabajadores chinos del sector pesquero que regresaban en taxi tras una jornada de descanso en el centro de la ciudad. Lo que sucedió después fue tan rápido como violento: amenazas, armas exhibidas y un secuestro planificado que, sin embargo, falló en su ejecución.
Uno de los hombres fue liberado casi de inmediato. El otro, retenido durante más de tres horas en una ruta aún incierta, fue finalmente abandonado cerca de la 1 de la madrugada en el mismo lugar donde lo habían capturado. La víctima -inocente, ajena al conflicto, confundida con otro- sobrevivió al espanto y logró relatar los detalles clave del operativo, que ahora son parte central de una investigación federal.
El plan era claro: cobrar una supuesta deuda de 70 mil dólares. El ejecutor, un ciudadano chino. Sus cómplices, nada menos que dos oficiales en actividad de la Prefectura Naval, la misma fuerza que debería haber impedido un hecho como este. Pero cometieron un error: eligieron al hombre equivocado. O al menos, no pudieron distinguir los rasgos de su objetivo. Y en esa confusión quedó al descubierto una trama de corrupción que se venía gestando en silencio.
Según fuentes judiciales, los secuestradores merodearon el puerto durante días. Sabían lo que buscaban, o eso creían. Ofrecieron dinero a personal de seguridad para obtener información, intentaron acceder a zonas restringidas, y planificaron una emboscada. Pero la confusión de identidad arruinó el plan y dejó una estela de pruebas que la fiscalía federal no tardó en seguir. Cámaras de seguridad, ruedas de reconocimiento, transferencias bancarias entre los implicados y hasta la entrega de un misterioso objeto posterior al secuestro conforman el rompecabezas que ahora arma el fiscal Santiago Eyherabide.
La causa está a cargo del juez federal Santiago Inchausti, quien ya ordenó allanamientos en comercios céntricos, detenciones y citaciones indagatorias. Lo que más indigna es el rol de los prefectos detenidos. No como meros encubridores, sino como participantes activos en la maniobra. El dinero transferido por el instigador del secuestro a sus cuentas personales días antes del hecho, sumado a las reuniones registradas antes y después del episodio, comprometen gravemente su situación procesal.
Los implicados no solo traicionaron su juramento. Utilizaron su posición, su conocimiento del territorio y su acceso privilegiado a zonas portuarias para facilitar un delito gravísimo: un secuestro extorsivo con premeditación. Y lo hicieron por dinero. Uno de los elementos más delicados del expediente es que, si el operativo no hubiera fallado por un error de identidad, tal vez nunca hubiera salido a la luz.
La víctima equivocada, sin deudas ni vínculo alguno con los agresores, fue el factor determinante para que la maquinaria judicial se pusiera en marcha. Un cuarto imputado fue liberado al confirmarse que su vinculación era fruto de otra confusión. Mientras tanto, la causa continúa su curso en el Juzgado Federal N°1, con nuevos elementos incorporándose a diario. La Fiscalía no descarta que haya más involucrados, ni que la red de encubrimiento sea más amplia de lo que hoy se conoce.
