Una casa que funcionaba como prostíbulo y una década de investigación: un jubilado zafó del juicio a cambio de $4 millones

Durante más de diez años, la causa avanzó lentamente, acumulando testimonios, denuncias y evidencias sobre un circuito de explotación sexual que funcionaba puertas adentro de una casa en Neuquén. En el centro de ese entramado, un jubilado de casi 70 años acusado de haber alquilado su vivienda para que operara un prostíbulo. El expediente reconstruyó una escena persistente: durante al menos tres años, en una propiedad de la calle Libertad al 900, mujeres eran obligadas a prostituirse bajo la administración de terceros, mientras el dueño del inmueble -según la acusación- obtenía un beneficio económico de esa actividad.

La causa se inició formalmente en 2016, pero sus raíces se remontan a 2013, cuando una de las mujeres explotadas decidió denunciar. Fue esa misma víctima la que, con el paso del tiempo, se constituyó como querellante y sostuvo el proceso judicial cuando todo parecía diluirse. De acuerdo a la imputación, existió una facilitación de la prostitución ajena y explotación económica, delitos que contemplan penas de prisión. 

Sin embargo, el avance del expediente quedó atrapado en los tiempos largos de la Justicia. A lo largo de los años, el caso se fue deshilachando. Víctimas que no pudieron ser localizadas, otra que desistió de continuar, pruebas que envejecían. La causa resistía, pero cada vez con menos fuerza. Mientras tanto, el acusado envejecía. Y enfermaba. En los últimos meses, el proceso tomó un rumbo inesperado. El estado de salud del imputado -diagnosticado con cáncer y sometido a múltiples cirugías- fue determinante. 

La posibilidad de un juicio oral comenzó a volverse inviable. Fue entonces cuando apareció la alternativa: un acuerdo de reparación integral. La defensa ofreció el pago de una suma millonaria. La víctima que impulsó la causa aceptó. El Ministerio Público Fiscal avaló. Y el Tribunal Oral Federal terminó homologando el cierre. El monto fijado: cuatro millones de pesos, a pagar en una sola cuota. El acuerdo alcanza solo a una de las víctimas. Otras dos nunca pudieron ser encontradas. 

Una cuarta decidió no continuar con el reclamo. El resto quedó fuera de la resolución. Una vez efectuado el pago, el jubilado será sobreseído de manera total y definitiva. Sin juicio. Sin condena. Sin una sentencia que reconstruya públicamente lo ocurrido. Las medidas cautelares ya fueron levantadas. Mientras el proceso contra el propietario se cierra, la causa principal por trata y explotación sexual continúa su curso contra quienes manejaban el prostíbulo. Esos responsables directos aún deberán enfrentar a la Justicia.