Adorni, contra las cuerdas: sus acreedoras confirmaron una deuda de más de US$70.000 que debe pagar antes de noviembre

La situación patrimonial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo judicial que, lejos de disipar dudas, profundiza los interrogantes. Este lunes, las mujeres que le otorgaron financiamiento para la compra de un inmueble confirmaron ante la fiscalía que el funcionario aún mantiene una deuda significativa en dólares, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes declararon como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Ambas ratificaron haberle otorgado una hipoteca "no bancaria" por 100.000 dólares y aseguraron que al jefe de Gabinete "le resta pagar 70.000 dólares".

Según surge de la investigación, el préstamo fue dividido en dos partes: 85.000 dólares aportados por Molina de Cancio y 15.000 por su hija. El acuerdo, formalizado en noviembre de 2024, incluyó un interés anual del 11% y un plazo de devolución de 24 meses. Las acreedoras sostuvieron que la operación se realizó dentro de parámetros habituales y que se trató de un financiamiento directo, no de un préstamo externo. 

En esa línea, la escribana interviniente, Adriana Nechevenko, negó irregularidades y afirmó que todo se encuadró en un marco "normal". Sin embargo, esa explicación convive con datos que generan ruido dentro del expediente. El propio fiscal busca determinar si estos mecanismos financieros fueron utilizados para encubrir el origen real de los fondos. Uno de los puntos más sensibles es la modalidad del préstamo. 

De acuerdo con lo reconstruido en la causa, los 100.000 dólares habrían sido entregados en efectivo, el mismo día en que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Ese dato alimenta las sospechas sobre una posible triangulación de fondos. Según consta en el expediente, el dinero habría sido depositado posteriormente en una entidad bancaria para concretar la operación inmobiliaria.

A esto se suma que el departamento de Caballito -adquirido por 230.000 dólares- estaría por debajo de los valores de mercado, otro elemento que la fiscalía analiza como posible indicio de irregularidad. Las prestamistas también detallaron la dinámica de pagos: Adorni habría abonado inicialmente cuotas mensuales de 900 dólares, luego reducidas a 600 tras cancelar una parte del capital con un pago de 30.000 dólares. El saldo pendiente, de 70.000 dólares, debería cancelarse en noviembre de 2026.

Ante este escenario, la Justicia avanzó con una medida clave: el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los involucrados, incluyendo al funcionario, su esposa y las acreedoras. El objetivo es reconstruir la capacidad económica real de cada uno y verificar la consistencia de los movimientos declarados. En paralelo, las propias testigos intentaron anticiparse a ese análisis. Explicaron que los fondos prestados provienen de ahorros personales, ingresos por alquileres y dinero recibido a través de una sucesión y un juicio. La causa también incorporó el testimonio del ex futbolista Hugo Morales, quien fue dueño original del departamento antes de venderlo a las mujeres que luego financiaron a Adorni. Además, en los próximos días declararán nuevas testigos vinculadas a otras operaciones inmobiliarias del funcionario.

El cuadro general empieza a delinear un esquema de transacciones cruzadas, préstamos entre particulares y operaciones en efectivo que, si bien pueden ser legales, requieren una justificación sólida en términos patrimoniales. El expediente ya no se limita a una operación puntual. Se trata de un entramado que pone en discusión la transparencia en el manejo de fondos por parte de un alto funcionario del gobierno de Javier Milei. Mientras las explicaciones se acumulan y las pruebas se incorporan,lo llamativo es que si todo fue "normal", como sostienen los protagonistas, ¿por qué cada nueva declaración parece abrir más dudas que certezas?