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Correo: Lijo ordenó operativo en el ministerio de Comunicaciones

El juez solicitó a la repartición que le remita información sobre antecedentes, ofertas, antecedentes y procedimientos relacionados a la operativa por la deuda de la entidad con el Estado

20 Febrero de 2017 18:01
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Aunque el Gobierno busque bajarle el tono y apela a "fojas cero", el affaire de Correo está cada vez más espinoso y no deja de mostrar los dientes. Hoy, un grupo de gendarmes realizó un operativo en Ministerio de Comunicaciones que encabeza Oscar Aguad. Fue para cumplir con una orden de presentación dictada por el juez federal Ariel Lijo.

Ariel Lijo quiere saber más y ordenó un operativo.

Lijo quiere saber si hubo delito en el acuerdo entre el gobierno y la empresa Correo Argentino de la familia Macri para el pago de una deuda que esa compañía tiene con el Estado. La fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín rechazó el acuerdo por "abusivo", informa Infobae.

La deuda de la empresa familiar y un acuerdo cada vez más cuestionado escrutado.

El fiscal del caso Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri, al ministro Aguad y al director de Asuntos Jurídicos del ministerio Juan Carlos Mocoroa, quien firmó el acuerdo y solicitó medidas de prueba que ordenó Lijo

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La orden de presentación es una instancia menor que la del allanamiento, y el ministerio tiene la obligación de entregar la información solicitada por el juez.

El acuerdo entre el Gobierno y el Correo, una piedra para Macri.

 Lijo pidió al Ministerio de Comunicaciones los antecedentes y proyectos sobre el concurso de Correo Argentino S.A. También los antecedentes de la designación de Mocoroa en su cargo y las funciones otorgadas por ley para el Ministerio de Comunicaciones el minis

Dirigió oficios, a su vez,  a la Cámara en lo Comercial donde tramita el expediente del concurso para que envíe al juzgado la documentación donde quedaron registradas todas la ofertas y contraofertas hechas para el pago de la deuda. También que le envíen las opiniones que en el expediente hubieran vertido el Ministerio Público Fiscal, la Sindicatura General de la Nación y los síndicos que intervienen en el concurso.

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