Créditos bajo la lupa: el Banco Nación niega privilegios mientras crecen las sospechas por millonarios préstamos a funcionarios

En un contexto de creciente desconfianza pública, el Banco de la Nación Argentina salió a defender su operatoria frente a las críticas por la adjudicación de créditos hipotecarios millonarios a funcionarios del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza. La respuesta institucional fue contundente, aunque no logró disipar del todo las dudas que se acumulan en torno a un esquema que, al menos en los papeles, luce uniforme, pero en la práctica despierta suspicacias. "No hubo ningún tipo de acomodo, todos los créditos se otorgaron bajo la normativa del Banco, el proceso es uniforme y todos los clientes acceden al crédito de la misma forma", aseguró Mario Zagaglia, subgerente general de Banca Minorista, quien además rechazó que exista alguna "ventanilla para funcionarios" o trato diferencial.

Sin embargo, los cuestionamientos no surgen de versiones aisladas, sino de datos oficiales. Los registros de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la plataforma "¿Cuánto Deben?", identificaron al menos nueve funcionarios y legisladores oficialistas que accedieron a créditos del Nación por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones. Nombres como Felipe Núñez, Federico Furiase o Juan Pablo Carreira aparecen entre los beneficiarios de préstamos que, en algunos casos, rozan los $370 millones.

La controversia no reside únicamente en la legalidad de los créditos, sino en la desigualdad estructural que revelan. Mientras el Banco Nación sostiene que su línea "Más hogares con BNA" ya otorgó 27.000 préstamos desde julio de 2024, con una proyección de 40.000 en tres años, las condiciones de acceso siguen siendo restrictivas para la mayoría de la población. El propio Zagaglia en diálogo con radio Mitre detalló que para un crédito tipo de USD 90.000 -equivalente a $125 millones- la cuota inicial ronda los $750.000 mensuales, con un ingreso mínimo requerido de $3 millones. 

En ese sentido, argumentó: "Es un valor equiparable al pago de un alquiler y la persona está comprando un activo que queda en su propiedad". La comparación, sin embargo, choca con una realidad donde gran parte de los trabajadores no alcanza ese nivel de ingresos, quedando automáticamente excluida del sistema. En paralelo, el directivo reconoció que existen condiciones más favorables para quienes cobran su salario en la entidad. "Como todos los bancos del sistema, hacemos diferencias con los que cobran su sueldo con nosotros", explicó. 

Esa afirmación, aunque presentada como una práctica habitual del mercado, introduce un elemento clave en el debate: la segmentación del acceso al crédito. A esto se suma un detalle no menor: el Banco Nación cuenta con líneas específicas para empleados del sector público, que financian hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% de la línea general. Si bien desde la entidad insisten en que todos los casos respetan el scoring crediticio, el cruce entre función pública y acceso a mejores condiciones vuelve a encender las alarmas.

Desde la oposición, el diputado Esteban Paulón destacó que "la difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $ 400 millones generan más dudas que certezas. El Banco público es de todos, y no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados". Su pedido de informes apunta directamente a posibles excepciones, dictámenes técnicos ignorados o flexibilización de límites para personas políticamente expuestas.

Los funcionarios involucrados, por su parte, niegan cualquier irregularidad. Argumentan que se trata de líneas abiertas "a cualquier ciudadano argentino que califique" y que las condiciones fueron "generales". Pero la discusión excede lo formal: en un país con salarios deteriorados y acceso al crédito históricamente restringido, la concentración de préstamos de alto monto en sectores vinculados al poder político instala una pregunta incómoda.

El Banco Nación insiste en la transparencia de su sistema, apoyándose en la digitalización del proceso. "La gestión es 100% digital. La solicitud se ingresa 24 por 7, desde cualquier lugar el país", explicó Zagaglia, quien destacó además la "trazabilidad de los préstamos" y un plazo estimado de 60 días para concretar la operación.