24 Septiembre de 2017 13:30
Su cuna fue conservadora y de clase media alta: María Julia Alsogaray nació el 8 de octubre de 1942, hija de Edith Gay y Álvaro Alsogaray, ex militar, ministro de Economía de Guido y Frondizi, y fundador de la Unión del Centro Democrático (UCEDE).
María Julia fue una de las funcionarias más cercanas a Menem.
Luego de recibirse como ingeniera en la Universidad Católica Argentina, se lanzó directamente a su carrera política y logró ser elegida como diputada en 1985.
La asunción de Carlos Menem como presidente marcó su ascenso meteórico. Interventora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) a raíz de su privatización, y después secretaria de Medio Ambiente, Alsogaray se convirtió en una funcionaria influyente y cercana al poder.
La icónica tapa de Alsogaray en Noticias.
Su estrecha relación con el presidente, incluso, llegó a dar a luz rumores de que el vínculo era también romántico. Idea que fue explotada por la revista Noticias en una tapa icónica, para la cual la funcionaria posó con un tapado de piel bajo la leyenda "María Julia y su 'romance' con el presidente. Reina pero no gobierna".
También fue tristemente célebre su promesa de limpiar el Riachuelo en 1000 días, proyecto con nulos resultados que determinó un gasto de 35 millones de dólares.
Juicio y condena
Más allá de los rumores, lo cierto es que durante su paso por el gobierno nacional, Alsogaray tuvo impunidad total para cometer una larga serie de delitos de corrupción.
María Julia fue la única funcionaria menemista en cumplir prisión efectiva.
Su primera condena le llegó en el 2004 en una causa por enriquecimiento ilícito. En total, fue encontrada culpable tres veces, se la absolvió una y en otra ocasión terminó sobreseída por prescripción de la causa.
Eventualmente, María Julia se convirtió en la única funcionaria menemista en quedar tras las rejas: aunque sumó condenas por 11 años, sólo estuvo 22 meses bajo prisión preventiva y, luego de cumplir 70 años, pasó un año y siete meses de prisión domiciliaria.
Semanas antes de su muerte, su delicado estado de salud había determinado la suspensión de los alegatos de su octavo juicio, donde enfrentaba cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de esa función. Además, aguardaba otro proceso por el pago ilegal de nueve millones de dólares a la empresa Pecom-Nec.
