13 Mayo de 2026 12:30
A menos de 24 horas de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que colmó Plaza de Mayo y se replicó en distintos puntos del país, el Gobierno nacional salió a endurecer el discurso contra las universidades públicas y relativizó el impacto político de la movilización. El encargado de fijar la postura oficial fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que por más masiva que sea una protesta, "la restricción presupuestaria sigue estando ahí". "Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí", afirmó el funcionario.
La movilización del martes reunió a rectores, docentes, estudiantes, investigadores, sindicatos y organizaciones sociales que denunciaron el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei y exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, lejos de tomar nota de la protesta, el Gobierno optó por desacreditarla políticamente. "No es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores", disparó Álvarez.
En declaraciones a Radio Mitre, incluso apuntó directamente contra el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres, a quien definió como "un político profesional que se presenta como profesor". El funcionario también cuestionó la propia Ley de Financiamiento Universitario, eje central del conflicto entre las universidades y la Casa Rosada. "La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario", aseguró.
Y explicó: "La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto". Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible: la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver la disputa judicial por la aplicación de la norma, mientras crecen las denuncias de asfixia presupuestaria, caída salarial y deterioro del sistema universitario.
Pero Álvarez fue todavía más allá y abrió otro frente de conflicto al cuestionar el funcionamiento interno de las universidades públicas. "El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente", sostuvo. Aunque inmediatamente denunció una "desvirtuación completa" porque, según dijo, buena parte del presupuesto termina destinado al "pago de salarios a las estructuras políticas".

En ese contexto, criticó la existencia de carreras con pocos estudiantes y utilizó ejemplos concretos para justificar la necesidad de una reestructuración. "Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios", enumeró. Según planteó, el problema es que esos recursos podrían orientarse a carreras consideradas estratégicas por el Gobierno, como Ingeniería.
De hecho, sostuvo: "Un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado cincuenta millones de pesos. En contraste, un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda cuatrocientos veintitrés millones". Las declaraciones fueron interpretadas como una nueva avanzada oficial contra áreas humanísticas y artísticas, en medio del creciente conflicto con el sistema universitario y científico.
Además, el subsecretario puso en discusión el modelo de ingreso irrestricto que históricamente caracterizó a gran parte de las universidades públicas argentinas. "El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar", afirmó. Por eso, defendió la posibilidad de avanzar hacia sistemas selectivos con exámenes y cupos, similares a los de otros países. "Si cambiamos la lógica de derecho absoluto y se empieza a exigir esfuerzo, se revaloriza el lugar obtenido", argumentó.

Uno de los tramos más controvertidos de la entrevista llegó cuando habló sobre estudiantes extranjeros. "Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace", cuestionó. Y luego lanzó una frase que encendió aún más la polémica: "La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino". Mientras tanto, las universidades nacionales sostienen que el ajuste ya provocó una pérdida brutal del poder adquisitivo docente, deterioro de las condiciones de investigación y una fuerte caída en las partidas de funcionamiento. En la marcha del martes, rectores y organizaciones gremiales denunciaron que el Gobierno "ignora" la Ley de Financiamiento Universitario y "desoye" los fallos judiciales que ordenan cumplirla.

