Improvisación
En una sesión atravesada por la polémica, las acusaciones cruzadas y las modificaciones de último momento, el Senado comenzó este jueves el debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos más controvertidos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo llegó al recinto después de una importante marcha atrás. Ante la falta de los votos necesarios, La Libertad Avanza se vio obligada a retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y ampliaba el límite para la compra de campos por parte de capitales extranjeros, el punto que había despertado mayor rechazo político y social.
La decisión expuso las dificultades del Gobierno para construir consensos y dejó al descubierto las tensiones que atravesaron la negociación parlamentaria en los últimos días. La sesión comenzó pasadas las 14.15, cuando el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, habilitó el debate. Uno de los primeros focos de conflicto fue el pedido de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para que la autorización de participación remota de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama fuera enviada a la comisión de Asuntos Constitucionales.
La decisión dejó sin efecto la posibilidad de que ambos legisladores participaran virtualmente. Fernández Sagasti había solicitado intervenir desde Mendoza por cursar el octavo mes de embarazo, mientras que Fama argumentó problemas de salud tras una operación de rodilla. La vicepresidenta Victoria Villarruel había avalado ambos pedidos, aunque condicionados a la aprobación del cuerpo, una alternativa que finalmente fue bloqueada por el oficialismo. Antes incluso del inicio de la sesión, la oposición ya había cuestionado la forma en que el Gobierno llevó adelante el tratamiento del proyecto.
La presidenta del bloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, reclamó que la iniciativa regresara a comisión y advirtió que el oficialismo seguía modificando el texto pocas horas antes del debate. "Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado", escribió la senadora en sus redes sociales. En la misma línea, el senador santafesino Marcelo Lewandowski calificó la iniciativa como "un mamarracho" y cuestionó las sucesivas modificaciones introducidas durante la negociación. "Es un mamarracho. Esta ley desde que fue firmada en comisión presentó 17 cambios; si hoy salta la ley, son 18 cambios".
También sostuvo que el oficialismo retiró artículos "por la presión social de la Pastoral Social de la Iglesia por los barrios populares" y lanzó otra crítica al proceso legislativo: "No se puede ser tan desprolijo". Incluso desde sectores dialoguistas llegaron cuestionamientos. El jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, respaldó la decisión de eliminar el capítulo sobre tierras, pero apuntó contra la estrategia del Gobierno. "También una crítica que hago muy fuerte al Gobierno es que lo manejó desde el inicio muy mal. Comunicacionalmente no explicó los cambios que había, no comunicó los cambios de dictamen que se iban dando".
Y agregó: "La sociedad argentina no admite más atropellos ni sacar leyes sin debate". La eliminación del capítulo sobre la venta de tierras rurales a extranjeros fue una concesión forzada. Durante los últimos días, varios senadores que inicialmente aparecían como aliados comenzaron a expresar reparos sobre ese punto, dejando al oficialismo sin garantías para aprobar la iniciativa. Frente a ese escenario, La Libertad Avanza optó por retirar completamente ese apartado y preservar el resto del proyecto, centrado ahora en los desalojos exprés, las expropiaciones, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego y la regularización de escrituras.
El corazón del proyecto es la creación de un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados. La propuesta habilita a que un juez ordene la restitución inmediata de un campo, vivienda o terreno cuando el propietario acredite de manera verosímil su derecho mediante documentación respaldatoria. En esos casos, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas. Para los inquilinos con deudas, el procedimiento será diferente: antes de iniciar un juicio deberá enviarse una carta documento otorgando un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la situación.
Solo si persiste el incumplimiento podrá iniciarse el proceso judicial, que prevé un desalojo dentro de los diez días hábiles posteriores. El proyecto también establece que, cuando haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección para garantizar una solución habitacional transitoria, aunque sin frenar el avance del desalojo. La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones. Entre otros puntos, establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y obliga al Estado a fundamentar expresamente cada expropiación.
Además, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante e incorpora nuevas reglas para determinar el valor de los bienes, permitiendo incluso la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando existan diferencias. Otro de los artículos más cuestionados modifica la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina la prohibición que impedía cambiar durante 30 años el uso de tierras rurales incendiadas. En el caso de los bosques nativos, mantiene la prohibición de modificar el destino del suelo, aunque elimina el plazo de 60 años previsto por la legislación vigente.
La sesión avanzó luego de que el oficialismo rechazara una moción del jefe del bloque peronista, José Mayans, para devolver el proyecto a comisión. Mayans argumentó que el dictamen definitivo había sido distribuido recién al mediodía, impidiendo un análisis serio del texto. La propuesta fue rechazada por 38 votos contra 31, permitiendo que continuara el tratamiento de una iniciativa que ya sufrió importantes modificaciones para poder llegar al recinto y que, aun así, sigue generando fuertes cuestionamientos por la forma en que fue elaborada y debatida. Con una lista de 38 oradores anotados, el oficialismo buscará ahora reunir los votos necesarios para aprobar un proyecto que, incluso antes de su sanción, ya quedó marcado por las concesiones, las críticas por falta de transparencia y una negociación parlamentaria más que frágil.
