Atención
15 Enero de 2026 14:24
La gestión de Javier Milei marca un antes y un después en la inversión en obra pública en Argentina. Según los datos proporcionados por el Instituto Argentina Grande (IAG), el panorama es preocupante: durante el año 2025, no se inició ninguna obra pública nueva financiada por el Estado Nacional. Esto comenzó en 2024, cuando la cantidad de proyectos lanzados ya había caído un 98% en comparación con 2023.
El ajuste fiscal implementado por el gobierno libertario tiene como uno de sus pilares principales la desinversión en infraestructura. Según los datos oficiales, el Estado "ahorró" 87,8 billones de pesos constantes desde el inicio de esta gestión, de los cuales 22,1 billones corresponden al abandono de obras públicas. Sin embargo, este "ahorro" tiene costos sociales y económicos altísimos: menos rutas, casas, hospitales, escuelas y redes de servicios, muchas de las cuales quedaron inconclusas o directamente abandonadas.
La falta de inversión en infraestructura no es un problema menor. Es que la motosierra de Milei en la obra pública implica que la construcción, históricamente un motor clave para la economía argentina, se encuentra ahora paralizada, agravando la crisis económica y social que vive el país.
En términos concretos, el recorte presupuestario afecta proyectos vitales como obras viales, redes de agua potable, hospitales y viviendas. Por ejemplo, durante 2024 se iniciaron solo 18 proyectos en todo el país, de los cuales apenas seis correspondieron a obras viales. En 2025, esa cifra cayó a cero. Esto significa que, en dos años de gestión, se iniciaron únicamente seis obras viales nuevas en todo el territorio nacional.
Según datos del IAG, mientras que en 2023 el 23% de las rutas nacionales estaban en mal estado, para 2025 ese porcentaje aumentó al 29%. Este deterioro no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos que transitan estas rutas diariamente, sino que también incrementa los costos logísticos para el transporte de bienes, afectando directamente a la actividad productiva.
El informe del IAG señala además una grave contradicción: aunque el gobierno sigue recaudando el impuesto a los combustibles, destinado específicamente al mantenimiento vial (14,25% de lo recaudado), solo se invirtió el 46% de esos fondos en 2025.
La falta de mantenimiento tiene un impacto económico devastador. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), resulta diez veces más caro reparar una ruta deteriorada que realizar un mantenimiento preventivo. Sin embargo, las decisiones del gobierno de las fuerzas del cielo parecen ignorar esta realidad y, como resultado, hoy un tercio de la red vial está en malas condiciones y menos de la mitad de las rutas se encuentran en estado óptimo.
Además, los datos muestran que en 18 provincias las rutas empeoraron notablemente durante esta gestión. Solo cinco distritos viales lograron mantener o mejorar ligeramente el estado de sus rutas en comparación con la administración anterior. Este deterioro generalizado no solo afecta a los ciudadanos que utilizan las rutas diariamente, sino que también impacta negativamente en sectores clave como la agricultura y la industria, que dependen del transporte terrestre para movilizar sus productos.
La paralización total de la obra pública es una decisión política con implicancias profundas para el desarrollo del país. Los datos del IAG son claros: "No se registraron inicios de obras financiadas por el gobierno nacional en todo el año pasado", dejando expuesta la falta de planificación y compromiso con las necesidades básicas de los y las argentinas.
En un contexto donde las desigualdades territoriales ya son marcadas, la ausencia de inversión pública por parte del gobierno de Javier Milei profundiza las brechas entre regiones de la vasta y extensa Argentina. Las provincias más alejadas de los grandes centros urbanos son las más afectadas por la falta de rutas y servicios básicos, lo que limita sus posibilidades de desarrollo y perpetúa un círculo vicioso de pobreza y exclusión.
