Inconsistencias patrimoniales
La situación judicial de Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa complicándose. El juez federal Daniel Rafecas decidió profundizar la investigación y ordenó una batería de nuevas medidas de prueba para esclarecer la evolución de su patrimonio y determinar si existieron maniobras de ocultamiento en sus declaraciones juradas.
La decisión llega antes de resolver uno de los pedidos más delicados del expediente: la citación a declaración indagatoria solicitada el pasado 18 de junio por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien acusa al legislador de presunta omisión maliciosa de documento público, además de investigarlo por supuesto enriquecimiento ilícito. El avance judicial representa un nuevo golpe para un dirigente que quedó bajo la lupa luego de que, una vez iniciada la investigación, modificara reiteradamente sus declaraciones patrimoniales incorporando bienes, cuentas bancarias y una millonaria herencia que hasta ese momento no había informado.
Con el objetivo de reconstruir el origen de su patrimonio, Rafecas requirió al Banco Provincia un informe detallado sobre todos los pagos efectuados entre 2024 y 2026 para cancelar un crédito hipotecario de 60 millones de pesos. Al mismo tiempo, solicitó a la Legislatura bonaerense el envío de la última declaración jurada presentada por Adorni como diputado provincial y libró oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia para verificar la titularidad, valuación y forma de incorporación al patrimonio de dos inmuebles que, según la versión del legislador, habrían ingresado mediante una sucesión.
Uno de los ejes centrales de la investigación pasa justamente por esa herencia. La Justicia intenta establecer si realmente existió y cuál fue su origen, luego de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas para incorporar 21 millones de pesos que aseguró provenían del patrimonio de su padre fallecido. El momento en que apareció esa información no pasó inadvertido para la fiscalía. La corrección fue presentada recién después de que se iniciara la causa judicial, circunstancia que alimentó las sospechas de los investigadores.
Marijuán sostiene que el legislador presentó al menos tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), entre febrero de 2024 y enero de 2026, y que todas fueron modificadas posteriormente una o más veces. Según el dictamen fiscal, esas rectificaciones no se limitaron a simples errores administrativos. Por el contrario, implicaron cambios sustanciales sobre el valor de inmuebles, dinero en efectivo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito e instrumentos financieros que originalmente no habían sido informados.
En su presentación, la fiscalía fue categórica al sostener: "El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad".
Otro de los aspectos que complica la situación del dirigente libertario es su formación profesional. Para Marijuán, no puede alegar desconocimiento sobre la obligación de completar correctamente esos documentos, ya que Adorni es perito contador y además ocupó funciones vinculadas al control administrativo durante su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense.
La investigación también detectó que varias cuentas bancarias y tarjetas de crédito, tanto propias como de su esposa, fueron incorporadas recién en las declaraciones rectificativas, cuando la causa ya se encontraba en marcha. En total, los investigadores contabilizaron más de diez modificaciones realizadas sobre distintas presentaciones oficiales. Como si eso fuera poco, la explicación sobre la supuesta herencia también abrió otro frente de conflicto. Los montos declarados por Francisco Adorni no coincidirían con la información patrimonial presentada por su hermano, Manuel Adorni, una diferencia que ahora también será objeto de análisis judicial.
En paralelo, el legislador enfrenta otra investigación que acaba de quedar unificada en los tribunales de Comodoro Py. Allí se analizan presuntas irregularidades vinculadas con un préstamo de 40.000 millones de pesos otorgado durante su gestión en el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y operaciones relacionadas con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
