Una causa que no avanza
09 Marzo de 2026 10:17
La investigación judicial por el escándalo cripto de $LIBRA vuelve a quedar bajo la lupa pública. A más de un año del colapso del proyecto y de las denuncias de inversores, el expediente acumula documentos, contratos, facturas y conversaciones que todavía no fueron incorporados formalmente a la causa. En paralelo, una frase del presidente Javier Milei sobre el valor de sus conferencias desató nuevas críticas políticas. El caso se tramita en la Justicia federal bajo la carátula "Milei, Karina s/cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública", donde se investigan posibles vínculos entre el mandatario, empresarios del mundo cripto y lobbistas locales.
El detonante político llegó tras una extensa entrevista con Luis Majul en la que Milei habló de su futuro una vez que deje el poder. Consultado sobre qué hará cuando termine su mandato, el Presidente respondió: "Me voy a ir al campo, con mis hijitos de 4 patas -sus perros- escribiendo y dando conferencias". En ese mismo tramo dejó una frase que generó inmediato revuelo: "Hoy si yo diera una conferencia la podría cobrar 500 mil dólares".
Luego relativizó el monto al imaginar su vida fuera de la Casa Rosada: "Fuera del cargo va a valer la mitad la conferencia, imagino yo". Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora del caso en el Congreso. "El presidente nos cuenta que hoy su tarifa es de 500 mil dólares y que al dejar el cargo bajará a la mitad. Menos mal que Hayden Davis no hizo transferencias a Novelli de ese valor el día que se juntó con el presidente. Menos mal sino quedaba medio pegado con ese comentario", lanzó el diputado con ironía.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza lentamente. Un peritaje realizado al teléfono del empresario y lobbista Mauricio Novelli reveló una serie de documentos clave que ayudan a reconstruir las negociaciones previas al lanzamiento de la criptomoneda. Según una investigación publicada por la abogada y divulgadora judicial Natalia Volosin, los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) recuperaron archivos que el propio Novelli habría intentado borrar antes de entregar sus dispositivos a la Justicia.
Entre ellos apareció un documento titulado "LOI_KELSIER.docx", que Novelli se envió a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025, un día antes de la última reunión entre el presidente y el empresario estadounidense Hayden Davis. El archivo, eliminado posteriormente, pudo ser recuperado por los peritos. Según la investigación, se trataría de un borrador del acuerdo firmado el 30 de enero en Casa Rosada entre Milei y Davis.
De acuerdo con el informe, ese documento está en poder del fiscal desde noviembre, pero todavía no fue incorporado formalmente al expediente. La causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez De Giorgi. El análisis del teléfono también arrojó otros hallazgos. Entre los documentos recuperados aparece una factura por 250.000 dólares dirigida a Hayden Davis, emitida por la firma Tech Forum Argentina.
El documento lleva la firma de María Pía Novelli, hermana del lobbista, y describe el concepto: "Kelsier Group LATAM agreement". El pago debía realizarse en USDC, una criptomoneda estable, a una billetera virtual identificada como "CivUA...". Este dato resulta relevante porque la comisión investigadora del Congreso ya había detectado indicios de que esa billetera pertenecía a la dupla Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Entre los documentos mencionados en el informe también figura una oferta económica presentada por Kelsier Group, empresa vinculada a Davis. La propuesta, fechada el 21 de noviembre de 2024, incluía: USD 1.550.000; 35 % del total facturado; los destinatarios del acuerdo eran Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales. También aparece un contrato posterior, del 27 de noviembre de 2024, entre Kelsier Holdings Limited y los mismos intermediarios.
Según el documento, el acuerdo contemplaba: promover a la plataforma Cardano en Argentina; posicionar a su fundador, Charles Hoskinson, como asesor de políticas públicas; organizar reuniones privadas con el Presidente e impulsar su participación en eventos del ecosistema cripto. Uno de los aspectos más cuestionados del proceso es que gran parte del material peritado permanece fuera del expediente judicial.
Según Volosin, los peritos entregaron documentación clave a la fiscalía el 17 de noviembre, pero los abogados querellantes aseguran que todavía no pueden acceder a ella. El abogado Nicolás Oszut, representante de inversores damnificados, denunció que las extracciones completas de los teléfonos fueron enviadas al juzgado en un disco externo y permanecen reservadas. En paralelo, los investigadores también detectaron que gran parte del material de los dispositivos había sido borrado.
A pesar de la magnitud del escándalo, ningún implicado fue citado a declarar hasta ahora. La causa analiza si existieron maniobras irregulares vinculadas a la promoción del proyecto cripto, cuyo colapso generó pérdidas económicas denunciadas por inversores. Mientras tanto, el expediente continúa creciendo con documentos recuperados, contratos millonarios y facturas en criptomonedas. Y en ese escenario, la frase presidencial sobre conferencias de 500 mil dólares volvió a poner bajo la lupa la relación entre negocios privados, lobby cripto y el poder político.
