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14 Enero de 2026 10:03
Las reformas impulsadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei para reestructurar los servicios de inteligencia, generan mucha preocupación sobre todo a organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales (ONGs) que se preparan para presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertando sobre los riesgos que estas medidas suponen para los derechos fundamentales de los y las ciudadanas argentinas.
El decreto, firmado el 31 de diciembre pasado, entre gallos y medianoche fue calificado como "manifiestamente inconstitucional" por más de 20 ONGs. Entre las organizaciones que rechazan la reforma se encuentran Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Fundación Vía Libre y hasta Greenpeace, entre otras. En un comunicado conjunto, señalaron: "Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia".
La estrategia para frenar este decreto se desplegará en dos frentes principales: judicial y parlamentario. En el ámbito judicial, el CELS ya presentó un amparo colectivo que podría ser respaldado por otras organizaciones. Paralelamente, se solicita a la fiscalía que evalúe si este tema merece ser tratado durante el receso tribunalicio, dada la gravedad de las denuncias.
En el plano parlamentario, las organizaciones exigirán que el Congreso rechace el DNU 941/2025 y reactive la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) para supervisar las acciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Diego Morales, director de Litigio del CELS, afirmó: "Es importante que el Congreso reciba estos pedidos para activar la CBI. La respuesta no debe ser solamente judicial. Los reclamos sociales deben tener una respuesta política".
El contexto internacional también juega un papel crucial en esta controversia. En 2019, Joseph Cannataci, entonces relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, había señalado deficiencias en los controles sobre los servicios de inteligencia argentinos. En su informe preliminar, instó a crear un órgano independiente con participación de jueces y expertos en tecnología. Sin embargo, las reformas recientes que quiere introducir el gobierno de Javier Milei parecen ir en sentido contrario a esas recomendaciones.
El DNU 941/2025 no solo reinstauró la SIDE —eliminada previamente con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)— sino que amplió su alcance y facultades.
En la misma línea, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, expresó su preocupación contundentemente: "Un primer aspecto a cuestionar es por qué se utiliza una vez más la vía del DNU para reformar algo que merece un debate profundo en el Congreso, sobre todo cuando no había una situación de urgencia. En segundo lugar, el Gobierno presenta este decreto como si se tratara únicamente de modificaciones administrativas a la Ley de Inteligencia —con el argumento de implementar un sistema más eficiente y moderno—, pero lejos está de eso. Las principales preocupaciones que identifica Amnistía Internacional están asociadas justamente al debilitamiento de la protección de derechos humanos básicos".
Además, García Rey agregó: "Nos preocupa no solo la falta de proceso y debate democrático al impulsar la reforma de una norma importante como la Ley de Inteligencia, sino también el debilitamiento de los controles democráticos que produce el decreto, al ampliar al máximo el secreto, volver aún más opaco el sistema y elevar el umbral de sospecha sobre el cual pasamos a quedar todas las personas y organizaciones en Argentina".
A pesar del rechazo por parte de amplios sectores sociales y políticos, el Gobierno de las fuerzas del cielo, defendieron el DNU mediante comunicados oficiales en los que asegura que enviará una reforma legislativa más profunda al Congreso. Sin embargo, las organizaciones denuncian que estas medidas representan un grave retroceso para los derechos humanos y los principios democráticos.
Las modificaciones introducidas por el decreto destacan:
- Obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, lo que podría facilitar una vigilancia masiva
- No establece mecanismos de control ciudadano sobre las actividades de la SIDE
- Todas las actividades del organismo tienen carácter "encubierto", dificultando investigaciones sobre posibles abusos estatales
- Por primera vez desde el retorno a la democracia, se otorga a los agentes de la SIDE la facultad de detener personas, lo que podría convertirla en una "policía secreta"
- Permite a la SIDE convocar a las Fuerzas Armadas para tareas de inteligencia relacionadas con "organizaciones no estatales", involucrándolas en cuestiones de seguridad interior
- Amplía la noción de contrainteligencia, reintroduciendo el concepto del "enemigo interno"
