De la negociación al choque
19 Febrero de 2026 13:37
La jornada del paro general dejó calles vacías, estaciones colapsadas y un clima político en ebullición. Pero también dejó algo más: un nuevo salto en la retórica oficial. Desde temprano, el Gobierno eligió confrontar. Y lo hizo con un tono que dejó atrás la crítica económica para entrar directamente en la descalificación. "No hay nada más extorsivo y contrario a la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas". Así definió la medida el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo además: "Eso es un paro extorsivo. Por algo la gente los odia. Tienen un 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tenerla si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?", señaló.
A lo largo de la entrevista con "La casa streaming" repitió la idea central del discurso oficial: la protesta no es un reclamo, sino un ataque al país. "No podés dialogar con gente que lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina", dijo. El Gobierno eligió una estrategia conocida: apropiarse del trabajador afectado por la protesta para cuestionar el derecho a la protesta. "El problema es cómo le explican al que vive de la diaria, a un vendedor ambulante que hoy no lo dejan llegar a su esquina de trabajo, y que no va a tener nada para poner arriba de la mesa", destacó el todavía vocero libertario.
También insistió en que la falta de transporte vuelve la huelga "perversa": "Si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo". Sin embargo, la escena en la calle fue más compleja: colectivos funcionando parcialmente, tarifas improvisadas, largas filas y una ciudad que siguió moviéndose como pudo. No hubo parálisis total, pero sí una postal de desorden social que expone el trasfondo del conflicto: la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar. El Ejecutivo cuantificó el impacto económico: "Los argentinos tendremos (por el paro) una pérdida de 600 millones de dólares".
En ese sentido, Adorni sostuvo que a los gremios "les parece que esa es la forma de sacar la Argentina adelante". "A nosotros nos parece que no", aclaró. La cifra funciona más como herramienta política que como medición verificable: un modo de presentar el paro como sabotaje económico. Pero el discurso oficial fue todavía más lejos al comparar con la gestión anterior: "En la administración de Alberto Fernández tenías 200 por ciento de inflación y casi 60 por ciento de pobres y no había paro".
El mensaje es claro: la protesta no responde a la situación social sino a una disputa de poder. El cierre de la empresa Fate, con más de 900 despidos, también fue incorporado al mismo relato. En lugar de crisis productiva, el Gobierno sugirió intencionalidad política: "Llama la atención que una empresa que hace quince años que está en conflicto (...) un día antes del tratamiento de la reforma laboral cierre sus puertas".
Y profundizó la acusación: "Es llamativo, digamos, si uno está en todo su derecho en pensar que quien además apoyó a cuanto gobierno populista se le pasó por al lado y cuando además vivieron de exprimir a los argentinos vendiendo un producto tres veces lo que costaba". El paro coincidió con un fuerte operativo de seguridad en el Congreso y dejó al descubierto algo más profundo que una discusión laboral: la ruptura del lenguaje político.
El Gobierno no habla de negociación, habla de enemigos. Los sindicatos no discuten artículos, discuten supervivencia. Entre ambas posiciones, millones de trabajadores quedaron otra vez en el medio: algunos sin poder llegar a trabajar, otros temiendo perder el trabajo cuando la reforma avance.
