Incendios sin emergencia
29 Enero de 2026 13:00
Mientras el fuego avanza sin control en la Patagonia, el Gobierno nacional vuelve a refugiarse en el tiempo verbal que mejor define su gestión frente a las catástrofes: el condicional. El ministro del Interior, Diego Santilli, calificó como "positiva" la reunión con los gobernadores, aseguró que la Casa Rosada "está presente" en los incendios y prometió que "en las próximas horas" se resolverá si se trata la Ley de Emergencia Ígnea. En el territorio, sin embargo, las llamas no esperan diagnósticos ni mesas políticas.
La situación es crítica. Más de 230 mil hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego en Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, un escenario que llevó a los gobernadores patagónicos a exigir la declaración de la emergencia nacional para liberar fondos, reasignar partidas y agilizar la llegada de medios aéreos, brigadistas y asistencia directa a las poblaciones damnificadas. Aun así, desde el Gobierno la respuesta sigue siendo ambigua. "Podría ser", admiten fuentes oficiales sobre la incorporación de la ley al temario de extraordinarias, una indefinición que contrasta con la magnitud del desastre.
Santilli destacó el envío de brigadistas y helicópteros hidrantes y elogió el rol de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Pero la narrativa oficial choca con una serie de decisiones previas que, lejos de prevenir, debilitaron la capacidad de respuesta del Estado. El ajuste sobre Parques Nacionales es uno de los ejemplos más contundentes: en 2025 el recorte fue del 68,9% en términos reales respecto de 2023 y el presupuesto 2026, con un aumento nominal del 0,08%, profundizó el desfinanciamiento con una caída real del 28,5%. El resultado es un sistema de prevención desarmado frente a incendios cada vez más frecuentes y virulentos.
A ese recorte se sumó la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que dejó sin recursos al plan específico para combatir incendios forestales y transfirió el control al Ministerio de Seguridad. También fue desactivado el proyecto del Comando Unificado Las Golondrinas, una base estratégica para la Patagonia que estaba avanzada en un 80% y preveía tecnología de detección temprana, cámaras desarrolladas por INVAP, aviones con sensores infrarrojos y drones para monitoreo aéreo. La decisión de Milei de frenar la obra pública terminó por sepultar una herramienta clave en una región históricamente castigada por el fuego.
La gestión de Parques Nacionales tampoco escapó a la lógica del ajuste. El Gobierno designó al frente del organismo a funcionarios sin experiencia en conservación ambiental y sin objeciones al recorte presupuestario. En Chubut, donde ya se incendiaron unas 35 mil hectáreas, cámaras empresarias denunciaron negligencia y pidieron renuncias. En el Parque Nacional Los Alerces, intervenido a fines de enero, pobladores denunciaron penalmente a funcionarios por haber desplegado apenas 30 brigadistas y por descartar la participación de guardaparques especializados disponibles para combatir el fuego.
En este contexto, la discusión sobre la Ley de Emergencia Ígnea aparece como un parche tardío frente a una política estructural de desinversión. Incluso el anuncio de $120.000 millones en subsidios a bomberos voluntarios, celebrado por el Gobierno, llega después de meses de cuestionamientos por el recorte presupuestario y no alcanza a revertir la falta de planificación integral y coordinación federal. A todo esto se suma un factor ideológico que atraviesa la gestión libertaria: el negacionismo del cambio climático. La Patagonia atraviesa un déficit hídrico de más de 15 años y, según el INTA, las precipitaciones en las altas cumbres cayeron entre un 30% y un 40%.
El sotobosque seco y la combinación de altas temperaturas convierten cada verano en una amenaza anunciada. Aun así, el Presidente desestimó reiteradamente el cambio climático, una postura que bloqueó políticas de prevención en una temporada que se sabía de alto riesgo. Mientras el Gobierno se muestra "optimista" con reformas laborales y discute agendas políticas en la Casa Rosada, las provincias reclaman respuestas concretas frente a un desastre ambiental que no admite dilaciones. La Patagonia arde y la emergencia sigue "en evaluación". En esa distancia entre el discurso y la realidad, el fuego avanza y la responsabilidad política también.
