Una estructura "condenada a caer"
17 Marzo de 2026 11:01
La muerte de Lourdes Antonini, la joven de 20 años que fue aplastada por un cartel de obra en pleno barrio porteño de Villa Devoto, dejó de ser solo una tragedia urbana para convertirse en una causa judicial que empieza a trepar hacia los niveles más altos del negocio inmobiliario. El fiscal Andrés Madrea pidió la indagatoria de seis personas vinculadas al emprendimiento donde ocurrió el hecho, entre ellas el ex futbolista y panelista de televisión Damián Manusovich, a quien busca investigar por homicidio culposo. La decisión final ahora está en manos del juez Darío Bonnano, que deberá resolver si hace lugar al planteo.
El expediente reconstruye una escena brutal: el 4 de diciembre de 2025 por la tarde, Antonini caminaba por la calle Chivilcoy al 3600 cuando un cartel publicitario -una estructura pesada montada junto a una obra en construcción- se desplomó sobre su cabeza. Murió en el acto. La autopsia confirmó un traumatismo de cráneo fatal con hemorragia interna. Pero lo que parecía un accidente aislado comenzó a mostrar otra dimensión con el avance de las pericias. Según la investigación, el cartel formaba parte del desarrollo inmobiliario "Seirén", un proyecto de 23 unidades impulsado por la firma MMCV, cuya cara visible es Manusovich.
Para la fiscalía, el rol del ex jugador no era decorativo: lo ubica como una figura "con peso decisivo" en la estructura societaria y en la toma de decisiones del emprendimiento. El punto de inflexión en la causa fueron los informes técnicos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que inspeccionaron los restos horas después del derrumbe. Lo que encontraron fue, según la acusación, una suma de fallas graves. La estructura que cayó tenía más de 2,30 metros de altura y estaba compuesta por paneles de más de 20 kilos cada uno. Pero lo más alarmante no era su tamaño, sino su fragilidad.
Los peritos detectaron una "carencia de cruces de San Andrés (con forma de X) para rigidizar la misma", un elemento básico para garantizar estabilidad. A eso se sumaba una base de sostén deficiente, sin condiciones adecuadas para resistir vibraciones o movimientos del terreno. El suelo, además, jugó un papel determinante. El informe advierte que no existía un talud adecuado para estabilizar la excavación -"debería tener un ángulo máximo de 45°"- y que el terreno había sido removido de forma intensiva.
En ese contexto, la presencia de maquinaria pesada terminó de sellar el escenario de riesgo. "La maquinaria mencionada genera una combinación de peso, vibración y esfuerzos sobre el terreno (...) la vibración puede fracturar y aflojar las capas superiores, provocando deslizamientos", concluyeron los especialistas. La síntesis es contundente: estructura precaria, terreno inestable y actividad mecánica intensa. Tres factores que, combinados, hicieron inevitable el colapso.
A las fallas técnicas se suma un dato clave que agrava la situación judicial: el cartel no tenía habilitación. La Dirección General de Permisos y Ferias del Gobierno porteño informó que "no existe ningún permiso de uso otorgado vigente, y/o solicitud en trámite" para instalar esa estructura publicitaria en el predio. Para el fiscal, no se trata solo de una infracción administrativa. La instalación era "irregular" y no contaba "con las condiciones mínimas de seguridad ni con un esquema de control adecuado".
Esto, en pocas palabras, lo transforma en negligencia y en una posible responsabilidad penal. En una primera etapa, la causa había avanzado sobre responsables técnicos: un maestro mayor de obra y un licenciado en seguridad e higiene fueron detenidos. También quedaron bajo sospecha el arquitecto del proyecto y otros actores vinculados a la construcción. Ahora, el nuevo impulso judicial apunta más arriba: hacia quienes diseñaron, financiaron y ejecutaron el negocio.
La figura de Manusovich aparece en ese centro. Ex jugador de fútbol devenido empresario, enfrenta una acusación que podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de los desarrolladores en este tipo de tragedias. El caso de Lourdes Antonini no se agota en los tribunales. La repercusión llegó también al ámbito profesional: el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo abrió un expediente interno contra el arquitecto imputado por posibles faltas éticas.
