No de nuevo...
06 Mayo de 2025 12:43
El acceso a la información pública, ese derecho tan preciado para la ciudadanía y tan incómodo para los gobiernos, parece estar enfrentando un nuevo capítulo de incertidumbre bajo la administración de Javier Milei.
Es que este martes 6 de mayo, el gobierno oficializó un sorpresivo cambio que pone a Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al frente de la gestión de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Un movimiento estratégico o una maniobra para esconder la alfombra bajo la cual se barre?
El flamante Decreto 302/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que el ministerio de Sturzenegger tendrá la tarea de "intervenir en el cumplimiento" de esta normativa clave para garantizar la transparencia gubernamental.
No es la primera vez que el gobierno de La Libertad Avanza mete mano en esta ley. En septiembre de 2024, mediante el Decreto 780/2024, ya había ajustado algunos tornillos, restringiendo el alcance de lo que se considera "información pública": según esta modificación, cualquier dato de "naturaleza privada" generado por personas humanas o jurídicas privadas quedó fuera del radar ciudadano, salvo que haya un interés público explícito.
Y aquí es donde entra el problema: ¿quién decide qué es "interés público"? La subjetividad de este criterio abre una peligrosa puerta a interpretaciones que podrían limitar severamente el acceso a información sensible sobre los movimientos gubernamentales.
Por si fuera poco, el gobierno también puso más trabas burocráticas para quienes se atrevan a pedir información. Ahora, los solicitantes deben presentar un arsenal de datos personales y legales que podrían desalentar a más de uno.
¿Transparencia o cortina de humo?
La Ley N° 27.275, sancionada en 2016, nació con el noble propósito de garantizar el derecho ciudadano a conocer cómo se administra lo público. Pero este nuevo cambio genera dudas sobre si el verdadero objetivo es fortalecer la transparencia o todo lo contrario.
Las modificaciones previas ya habían levantado cejas al incluir términos como "buena fe" en su reglamentación, dejando abierta la posibilidad de interpretar cualquier solicitud como abusiva o malintencionada.
Ahora, con Sturzenegger al mando del acceso a la información pública, las sospechas no tardaron en multiplicarse. Este movimiento podría convertirse en una herramienta para blindar al gobierno ante posibles cuestionamientos.
Además, el decreto asegura que no habrá aumento en las partidas presupuestarias ni en las unidades organizativas del ministerio, lo que llama cada vez más la atención: ¿quién se encargará de proporcionar la información en un contexto donde la confianza en las instituciones está por el piso?
En tiempos donde la opacidad del lúgubre gobierno comandado por Javier Milei parece ganar terreno, queda en manos de la ciudadanía y los organismos independientes vigilar que estas modificaciones no terminen convirtiéndose en una herramienta para esconder lo que no les conviene que se vea. Eso, es lo realmente preocupante.
