02 Enero de 2026 09:56
El año comenzó con otro golpe directo al bolsillo. Desde el 1° de enero rigen nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires y un cambio profundo en el esquema de subsidios energéticos que, en los hechos, reduce la asistencia estatal y consolida el traspaso de costos a los usuarios. Una combinación que refuerza el sendero de ajuste elegido por el Gobierno nacional. En el caso del transporte, los colectivos que circulan por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires registraron un incremento del 4,5%. Con esta suba, el pasaje con la tarjeta SUBE pasó a costar entre $593,27 y $880,86, según la distancia recorrida y la jurisdicción.

En la Ciudad de Buenos Aires, el subte también aumentó en el mismo porcentaje: la tarifa subió de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro trepó a $440,67. Así, viajar en colectivo o subte se vuelve cada vez más caro en un contexto donde los salarios siguen corriendo por detrás de la inflación y el transporte representa un gasto diario inevitable para millones de trabajadores y estudiantes. El impacto es mayor en los recorridos largos, donde el boleto ya roza los $900 en territorio bonaerense.
Pero el ajuste no termina ahí. En paralelo, el Ejecutivo puso en marcha el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza al esquema anterior basado en la segmentación por niveles de ingresos. El cambio, dispuesto por el Decreto 943/2025 y publicado en el Boletín Oficial, unifica los subsidios para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP, y marca el fin del período de transición iniciado en 2024.
El argumento oficial es la reducción del gasto público: en 2023, los subsidios energéticos representaron el 1,42% del PBI. Se trata, además, de un reclamo histórico del Fondo Monetario Internacional, que el Gobierno vuelve a cumplir a rajatabla. La contracara es clara: más hogares quedan expuestos al "costo real" de la energía. El nuevo sistema elimina las categorías N1, N2 y N3 y establece una única condición para acceder a la ayuda.

Para recibir el subsidio, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un "Hogar 2". Con el último valor publicado por el INDEC correspondiente a noviembre de 2025, eso implica que quienes ganen más de $3.771.987 perderán toda asistencia estatal. Si bien se mantienen excepciones para hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y, bajo evaluación específica, personas con Certificado Único de Discapacidad, el nuevo umbral deja afuera a sectores de la clase media, que no califican para el subsidio pero tampoco tienen margen para absorber tarifas plenas sin resignar otros gastos.
En términos concretos, el SEF fija bloques de consumo subsidiado cada vez más acotados. En electricidad, el tope será de 300 kWh mensuales solo en algunos meses del año y de 150 kWh en otros. Todo consumo que supere esos límites se pagará a precio pleno. Para el gas, la bonificación del 50% se aplicará únicamente entre abril y septiembre; el resto del año, el descuento será del 0%. Es decir, más meses sin subsidio que con ayuda. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria decreciente -del 25% en enero al 0% en diciembre- que funciona, en los hechos, como una retirada gradual del apoyo estatal.

La Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación del régimen, con amplias facultades para dictar normas complementarias, mientras que los entes reguladores ENRE y ENARGAS deberán adaptar los cuadros tarifarios a los nuevos criterios. La gestión de los beneficiarios quedará a cargo del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), con actualizaciones vía Mi Argentina o de forma presencial en oficinas de la ANSES.

