08 Enero de 2019 06:27
Las fuerzas de seguridad federales podrán realizar escuchas autorizadas por la Corte Suprema de Justicia en el marco de investigaciones por delitos graves, como secuestros extorsivos y causas por narcotráfico. El máximo tribunal ya habilitó “locutorios” en la sede de la Policía Federal y se encamina a realizar lo propio con la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Se trata de un cambio de paradigma: hasta ahora las escuchas legales se realizaban sólo en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que funciona en una oficina ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza y es supervisada por el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun.
La decisión de la Corte es en respuesta a un pedido de las fuerzas de seguridad, que solicitaron poder realizar escuchas, muchas en tiempo real, con el objetivo de resolver con mayor rapidez casos vinculados al narco o secuestros. Según Clarín, el incremento de las investigaciones por ese tipo de delitos derivó en que, por ejemplo, la Gendarmería pasara de intervenir en 600 casos de narcotráfico a alrededor de 1.000. Por día, aseguran, deben “pinchar” 50 teléfonos.
Las fuerzas federales podrán llevar a cabo escuchas en causas por narcotráfico o secuestros.
En la Argentina hay alrededor de 5.000 líneas de teléfono que se encuentran intervenidas por orden de jueces federales o provinciales, aunque hay unas 300 en las que se debe realizar una “escucha online”, es decir, en tiempo real, debido a que podría existir algún riesgo de vida. En cambio, cuando no existe la urgencia, la Dirección graba y envía los audios mediante un sistema de seguridad a los jueces.
La primera de las fuerzas en sumarse es la Policía Federal, donde se instalaron once boxes de escuchas, en el Departamento Central. Ahora, una vez que la Corte lo determine, se avanzará con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para eso, se deben seguir una serie de protocolos de seguridad.
El sistema funcionará del mismo modo que en las oficinas de la Dajudeco, con la diferencia de que ahora las pinchaduras telefónicas solicitadas por los jueces deberán especificar a qué fuerza se delega la tarea y el nombre de los efectivos que tendrán acceso a las escuchas, siempre en el marco de la confidencialidad.
El año pasado Bullrich había solicitado que las fuerzas pudieran realizar escuchas.
La decisión de la Corte va en línea con un pedido del Gobierno en esta línea: de hecho, en 2018 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había destacado que las fuerzas de seguridad federales tenían en marcha alrededor de 7.000 investigaciones, y que era necesario “interceptar comunicaciones, y en todas ellas las fuerzas coordinan con la Dirección, en el marco de los protocolos y la ley”.
