Socialmente inviable
26 Enero de 2026 14:44
La estabilización macroeconómica que el Gobierno de Javier Milei exhibe como principal logro comienza a mostrar su contracara en la economía real. Así lo advirtió con crudeza el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, quien reclamó una redefinición urgente del programa económico ante lo que describió como una "crisis sin fin que generó en el sector productivo nacional". "El riesgo es claro: vamos hacia un equilibrio bajo y socialmente regresivo", alertó Rosato.
Además, puso el foco en el impacto directo sobre empresas y empleo. Según el dirigente, desde el inicio de la actual gestión se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados y, aunque algunas variables macro se ordenaron, la producción nacional quedó "en el subsuelo". La definición fue aún más dura: "La estabilidad lograda por el Gobierno se parece mucho a la paz de los cementerios". Las advertencias surgen de un informe del Observatorio IPA, elaborado por el economista Federico Vaccarezza, que analiza el efecto del programa oficial sobre las pequeñas y medianas empresas.
El diagnóstico es contundente: caída de ventas, aumento de costos operativos, recesión persistente y una apertura de importaciones -en especial en textiles y calzado- que avanza sin políticas que fortalezcan la competencia local. "Sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente", sostuvo Rosato, al tiempo que reclamó un plan económico claro que permita bajar costos en dólares y recuperar la confianza. El cuadro se agrava por un problema estructural que el Gobierno, por ahora, decidió no enfrentar: la complejidad tributaria.
Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) volvió a poner el foco no en cuánto pagan las pymes, sino en cuántas obligaciones deben administrar para sobrevivir. El Vademécum tributario argentino de PyMES 2025 revela que una pyme promedio enfrenta al menos 67 obligaciones fiscales y administrativas a lo largo del año: 37 tributos y 30 regímenes de retención, percepción e información. "Una PYME soporta 30 regímenes distintos", explicó el titular del Iaraf, Nadin Argañaraz a Infobae, al detallar un sistema que convierte a las empresas en contribuyentes permanentes y, al mismo tiempo, en agentes de recaudación del Estado.
Pese a la eliminación del impuesto PAIS en 2025, el informe advierte que el entramado general prácticamente no se modificó. La pyme modelo utilizada para el relevamiento -una SRL con empleados, establecimiento propio, vehículos, consumo de servicios públicos, importaciones y exportaciones- activa una cascada de impuestos en cada paso de su operatoria cotidiana: IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuesto al cheque, derechos de importación y exportación, fondos fiduciarios, impuestos internos y contribuciones sectoriales. A eso se suman gravámenes sobre inmuebles, vehículos, combustibles, tecnología, empleo y sistema financiero.
Este esquema opera en un contexto económico cada vez más desigual. Según datos de Equilibra, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la actividad permaneció estancada en términos agregados, con una recuperación concentrada en pocos sectores. Solo 19 de los 55 sectores productivos crecieron, mientras que 36 se contrajeron. Los que avanzaron son, en su mayoría, capital-intensivos y con bajo peso pyme; los ligados al mercado interno siguen rezagados.
La apertura comercial profundizó esa brecha. En 16 de los 20 sectores productores de bienes transables que redujeron su producción, las importaciones ganaron participación en el mercado interno. Para las pymes, con estructuras de costos rígidas y menor espalda financiera, la competencia externa golpea con más fuerza. El impacto sobre el empleo completa el cuadro.
Un informe de Econviews señala que entre octubre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 182.000 puestos de trabajo privados registrados, concentrados en industria y construcción, sectores clave para el entramado pyme. En ese escenario, los costos fijos -tributarios y administrativos- se vuelven determinantes para la supervivencia de miles de empresas. Mientras tanto, el sesgo de las políticas oficiales refuerza las asimetrías.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece estabilidad fiscal y beneficios impositivos a proyectos de gran escala, concentrados en energía y minería, sectores con bajo impacto en empleo y en la red pyme. En contraste, las pequeñas y medianas empresas continúan atrapadas en un sistema complejo y fragmentado, sin alivios estructurales.
La prometida reforma tributaria fue postergada y no figura en la agenda de 2026. Desde el equipo económico admiten que no hay margen para reducir impuestos sin poner en riesgo el superávit fiscal, el principal ancla del programa. En cambio, el Gobierno avanza con una reforma laboral y analiza un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), aún en etapa de diseño y sin impacto inmediato.
Para el sector pyme, el mensaje es claro: mientras la macro se ordena, la microeconomía sigue sin respuestas. Con más de 515.000 pymes que representan el 98% de las firmas empleadoras, el 50% del empleo asalariado registrado y el 35% de la masa salarial formal, la advertencia de Rosato resuena como síntesis del malestar: sin un plan productivo, sin crédito, sin mejora del salario real y con un infierno burocrático intacto, la estabilidad puede ser duradera, pero también estéril.
