La política de Defensa
27 Enero de 2026 10:22
El Gobierno nacional confirmó en las últimas horas un nuevo aumento salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia desde diciembre. La medida, formalizada a través de la resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, fue presentada como una actualización "en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional".
Sin embargo, el anuncio convive con una realidad mucho más oscura: en poco más de un mes, cinco integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad murieron en episodios que, según las primeras hipótesis oficiales, serían suicidios. El contraste es brutal. Mientras el Ejecutivo difunde escalas salariales y cuadros técnicos, puertas adentro de los cuarteles crece la preocupación por una crisis humana que no se resuelve con resoluciones administrativas.
Los nuevos haberes fijan, por ejemplo, un salario de $2.866.115 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General, y de $2.039.752 para un Coronel o Capitán de Navío. En los rangos más bajos, un voluntario de primera cobrará $672.914 y uno de segunda, $622.720. En la Policía de Establecimientos Navales, un agente de segunda percibirá $343.686, mientras que un comisario inspector llegará a $883.514.
A la par, el Gobierno también oficializó un aumento del 2% para los trabajadores estatales del SINEP y una suma fija de $50.000 para diciembre de 2025, un acuerdo avalado por UPCN pero rechazado por ATE, que lo calificó de insuficiente frente a la inflación y como una nueva pérdida del poder adquisitivo. También se actualizaron las escalas de residentes nacionales de hospitales e institutos de salud, con montos que, aunque más altos en términos nominales, siguen siendo cuestionados por el atraso acumulado.
Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, el problema excede largamente la discusión salarial. En las últimas semanas, una seguidilla de muertes encendió todas las alarmas. El caso más reciente es el de Tiziano René Irrqzabal, de 21 años, perteneciente al Centro Recreativo del Ejército "Héroes de Malvinas", hallado sin vida en su domicilio de Quilmes. Según el parte policial, fue su madre quien lo encontró "con una soga al cuello, colgado de un tirante". A pesar de los intentos de reanimación, el joven murió en el lugar. En un comunicado, la Secretaría General del Ejército expresó su "profundo pesar" y aseguró que acompaña "en el dolor a los familiares, amigos y camaradas".
Este episodio se suma a una cadena inquietante. El 16 de diciembre, en la Residencia Presidencial de Olivos, el granadero Rodrigo Andrés Gómez, también de 21 años, fue hallado muerto en un puesto interno, con un disparo en la cabeza efectuado con un fusil FAL. Desde el Poder Ejecutivo se deslizó que se trataría de un suicidio, mientras la causa quedó en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Ese mismo día, el gendarme Diego Matías Kalilec fue encontrado ahorcado con una sábana en una vivienda de Santiago del Estero. Un día después, en Corrientes, el suboficial principal Juan Pereira, con más de 28 años de servicio, apareció sin vida en el cuartel de Monte Caseros.
Y el 19 de diciembre, en Mendoza, murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Liceo Militar General Espejo, tras dispararse con un arma que pertenecía a su padre. Cinco muertes en poco más de un mes. Cinco historias atravesadas por el silencio, la presión y el desgaste. "Lamentablemente, los suicidios ya no son hechos aislados", admitió una fuente militar citada por el diario Clarín. Dentro de las fuerzas, la preocupación es creciente y la sensación de abandono se profundiza. La combinación de exigencia permanente, presión psicológica, salarios que pierden contra la inflación y escasa contención aparece como un cóctel explosivo.
En este contexto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsó un convenio con el Ministerio de Salud para fortalecer la atención en salud mental dentro de las Fuerzas Armadas. Entre las medidas, se dispuso la distribución de material audiovisual elaborado por especialistas para ayudar a identificar situaciones de riesgo. La pregunta, que resuena cada vez con más fuerza dentro de los cuarteles, es inevitable: ¿alcanza? Los números no acompañan el optimismo oficial.
Desde diciembre de 2023, más de 18.000 efectivos habrían dejado las fuerzas, ya sea por renuncias anticipadas o pedidos de baja. En muchas jerarquías iniciales, los salarios quedan por debajo de la línea de pobreza, obligando a los uniformados a endeudarse o a buscar trabajos complementarios para sobrevivir. La vocación, la disciplina y el riesgo permanente parecen no tener correlato en las condiciones materiales ni en el acompañamiento psicológico.
