La casta
17 Marzo de 2026 08:29
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena judicial, esta vez por una denuncia que apunta directamente a su entorno familiar y que abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés dentro del Gobierno. La presentación, realizada por la diputada Marcela Pagano, pone el foco en la actividad de la consultora +BE, propiedad de su esposa Bettina Julieta Angeletti, y en sus vínculos con empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado.
Radicada en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, la denuncia describe un presunto "circuito triangular de flujos económicos" que involucraría a una petrolera estatal, la naviera National Shipping SA y la firma de Angeletti. Según el planteo, la empresa marítima -proveedora histórica del sector energético- habría contratado servicios de capacitación de la consultora en tres oportunidades, por un total de 6.370.000 pesos.
El punto crítico no es sólo el vínculo comercial, sino su contexto: National Shipping mantiene desde hace décadas contratos con la petrolera estatal, cuyo directorio integra actualmente Adorni como representante del Estado. Para Pagano, ese esquema podría implicar un mecanismo indirecto de retorno de fondos hacia el entorno del funcionario. En términos más crudos, la denuncia sugiere que parte del dinero que circula desde el Estado hacia proveedores podría reingresar bajo la forma de servicios privados.
Desde la empresa naviera intentaron relativizar la acusación al señalar que sus contratos con la petrolera datan de hace 28 años y que las capacitaciones de +BE se realizaron antes de que Adorni asumiera como director. Sin embargo, el dato que tensiona la defensa es que, al momento de esos contratos, el actual jefe de Gabinete ya ocupaba cargos relevantes dentro del Gobierno, lo que mantiene abierta la sospecha sobre la superposición de intereses.
Pero el expediente no se limita a ese vínculo. La denuncia avanza sobre otras áreas sensibles de la gestión y describe un posible entramado más amplio de relaciones entre empresas privadas y estructuras estatales. Uno de los capítulos más delicados involucra la millonaria concesión del predio de Tecnópolis, un contrato estimado en 183.000 millones de pesos por 25 años que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.
Entre las empresas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, cuyo titular, Marcelo Dionisio, tendría vínculos comerciales con la consultora de Angeletti. A esto se suma un dato político clave: la pareja de Dionisio, Mara Natalia Gorini, se desempeña como asesora en la Secretaría General de la Presidencia, área que responde a Karina Milei, y mantendría lazos formales con el mismo grupo empresario.
El cruce de relaciones personales, empresariales y estatales configura un escenario que, al menos, exige explicaciones. La denuncia también incluye al Grupo Datco como cliente de la consultora +BE. Se trata de una empresa tecnológica que presta servicios a múltiples organismos públicos, entre ellos ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos. La reiteración de vínculos con proveedores del Estado refuerza la hipótesis de una red de negocios que se superpone con la estructura gubernamental.
Otro eje crítico apunta a licitaciones impulsadas cuando Adorni era secretario de Comunicación, particularmente en contratos para el envío de mensajes oficiales por SMS y correo electrónico. Allí se detecta una posible "simulación de competencia" entre empresas que, según la denuncia, estarían vinculadas entre sí. En una adjudicación superior a 3.650 millones de pesos, participaron firmas con conexiones societarias, antecedentes laborales compartidos y hasta domicilios en común, lo que pone en duda la transparencia del proceso. El escrito judicial también solicita investigar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
Según Pagano, existe una inconsistencia entre sus ingresos declarados -que se mantendrían en valores de 2023- y un presunto crecimiento de su patrimonio. A esto se suman deudas con acreedores privados, algunos de ellos familiares, que abren interrogantes sobre la estructura financiera del funcionario. En un movimiento que eleva el tono político de la acusación, la diputada comparó el esquema denunciado con las causas "Hotesur" y "Los Sauces", donde se investigó el uso de empresas familiares para canalizar pagos de contratistas del Estado. De esta manera, busca instalar la idea de un posible mecanismo de triangulación de fondos dentro del actual oficialismo.
Por ahora, la Justicia deberá determinar si se trata de relaciones comerciales legítimas dentro del ámbito privado o si existe un patrón de conductas que compromete la ética pública. Lo cierto es que, en un Gobierno que hizo de la crítica a la "casta" su bandera, las sospechas de entrecruzamiento entre negocios privados y funciones estatales vuelven a golpear en el corazón mismo de la gestión.
