Qué bien vive Manu
19 Marzo de 2026 10:00
La crisis política que rodea al Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo con una denuncia que vuelve a poner en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta vez, no se trata de viajes polémicos ni gastos cuestionados, sino de una presunta propiedad no declarada que abre interrogantes sobre su patrimonio. La diputada Marcela Pagano amplió formalmente su denuncia por enriquecimiento ilícito y lo hizo con una acusación directa en redes sociales.
A través de su cuenta personal de X, lanzó: "Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito". La presentación judicial, radicada en el Juzgado Federal N° 1, incorpora como nuevo elemento la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no figura en la declaración jurada patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
Según la denuncia, la propiedad habría sido construida por Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en un emprendimiento de alta gama ubicado sobre la Ruta 6. Se trata de un barrio cerrado con cancha de golf y múltiples amenities, donde las viviendas tienen un valor de mercado que oscila entre los 129 mil y 249 mil dólares, además de expensas que pueden rondar el millón de pesos mensuales. Uno de los puntos que más llama la atención es que, de acuerdo con Pagano, las expensas del lote en cuestión habrían comenzado a figurar "a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes".
El dato contrasta con la última declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete, correspondiente a 2024, donde solo figuran dos inmuebles: el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata. La denuncia no se limita a la omisión patrimonial. También pone en cuestión la consistencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos del funcionario. Según la presentación, estos resultarían "manifiestamente insuficientes para financiar simultáneamente el alquiler en un country de alta gama, la construcción de una casa, viajes aéreos de alto costo -como un vuelo privado a Punta del Este estimado en 10 mil dólares y un pasaje premium de su cónyuge a Nueva York por más de 5 mil dólares- y gastos mensuales con tarjeta de crédito que no podría justificar".
A esto se suma otro dato que genera dudas: los ahorros en dólares de Adorni se habrían mantenido sin variaciones -48.720 dólares- durante dos años de función pública, pese al nivel de erogaciones señalado. El escándalo no solo golpea al Gobierno, sino que también deja al descubierto tensiones dentro del propio oficialismo. En su intento por defender a Adorni, la diputada Lilia Lemoine terminó validando parcialmente la existencia de la propiedad: "Es una casa reformada, en un country de clase media. No es una mansión en la isla". Lejos de desactivar la polémica, la declaración alimentó las sospechas.
De hecho, la cosplayer dejó en evidencia una estrategia defensiva desordenada, con versiones que no logran cerrar las inconsistencias señaladas en la denuncia. La nueva acusación se suma a una serie de cuestionamientos que ya venían erosionando la figura de Adorni, especialmente tras el escándalo por el uso de vuelos privados y del avión presidencial junto a su entorno familiar. En ese contexto, la denuncia por una propiedad no declarada adquiere un peso político mayor: no solo pone en duda la transparencia del funcionario, sino que golpea uno de los pilares discursivos del gobierno libertario, que hizo de la lucha contra "la casta" una bandera central.
Ahora, con la investigación en curso y pedidos de información a organismos como el Registro de la Propiedad, la municipalidad y la Unidad de Información Financiera, la causa podría escalar judicialmente. Mientras tanto, la pregunta que sobrevuela el escenario político es si ¿se trata de una irregularidad administrativa o de un caso de enriquecimiento ilícito? Por ahora, el Gobierno no logra dar una respuesta convincente y la crisis suma un nuevo frente que amenaza con profundizar el desgaste.
