Otro golpe para Milei
La Corte Suprema de Justicia le propinó este jueves un nuevo revés al Gobierno nacional al dejar firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir parte de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una norma que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y cuya aplicación fue posteriormente condicionada mediante un decreto cuestionado por las universidades nacionales. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional y confirmó la vigencia de la cautelar dictada en instancias inferiores.
La decisión no genera un impacto económico inmediato porque el Gobierno ya había acordado semanas atrás una recomposición salarial y presupuestaria con las universidades, pero constituye un fuerte respaldo judicial a los reclamos del sistema universitario público y un límite a la estrategia oficial para demorar la ejecución de la ley. La resolución ratifica, al menos en esta etapa del proceso, la obligación estatal de aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esos puntos contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma y la recomposición de los programas destinados al estudiantado. La causa se inició a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades públicas, que cuestionaron el decreto 759/2025. A través de esa norma, el Gobierno había establecido que la ley solo podría ejecutarse una vez definidas las fuentes específicas de financiamiento, una condición que los demandantes consideraron incompatible con la voluntad expresada por el Congreso.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había dado la razón a las universidades al señalar que el Estado no logró desvirtuar la legitimidad del reclamo. Además, advirtió que el incumplimiento de la ley podía generar daños graves para la comunidad educativa y profundizar el deterioro salarial de los trabajadores universitarios. Los jueces también remarcaron que el Congreso había insistido en la sanción de la norma y que el Ejecutivo pretendía limitar su aplicación mediante una disposición de jerarquía inferior.
En otro punto relevante, el tribunal sostuvo que el ahorro fiscal derivado de no aplicar la ley no representaba un beneficio significativo para las cuentas públicas, mientras que las consecuencias sobre el funcionamiento de las universidades podían resultar severas. Lejos de aceptar esa decisión, el Gobierno desplegó una ofensiva judicial para intentar revertirla. Además de recurrir ante la Corte Suprema, recusó a los magistrados que intervinieron en el expediente y solicitó la excusación de los integrantes del máximo tribunal bajo el argumento de que ejercen actividades docentes universitarias.
La Corte ya había rechazado esos planteos a comienzos de junio y este jueves volvió a cerrar esa puerta. En el fallo, los ministros fueron contundentes al sostener que el recurso del Estado no podía prosperar porque la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva. "Que el pronunciamiento que acuerda, deniega o modifica una medida cautelar no reviste el carácter de sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines del recurso extraordinario", señalaron los magistrados. Por ese motivo, resolvieron: "Se desestiman el pedido de excusación y el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional. Con costas".
En una resolución paralela, el máximo tribunal volvió a rechazar una presentación directa del Gobierno vinculada al mismo expediente y reiteró que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar la intervención extraordinaria de la Corte. Aunque la discusión judicial de fondo continúa abierta y todavía debe resolverse el planteo sobre la constitucionalidad del decreto 759/2025, el fallo representa una derrota política para la administración nacional, que desde el comienzo buscó restringir la aplicación de la ley impulsada por el Congreso.
La decisión judicial llega apenas dos semanas después de que el Gobierno firmara un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes. El acta, suscripta el 10 de junio, estableció una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento universitario y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos. Además, contempló una actualización del 50% en las Becas Manuela Belgrano y dejó abierta una nueva instancia de negociación salarial para septiembre. Sin embargo, el conflicto estuvo lejos de agotarse con ese acuerdo. Durante meses, las universidades públicas denunciaron una profunda pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes, el deterioro presupuestario de las instituciones y las dificultades para sostener programas académicos, de investigación y asistencia estudiantil.
