¿Mejor tarde que nunca?
30 Enero de 2026 08:18
Tras semanas de incendios arrasando miles de hectáreas en la Patagonia y en medio de una creciente presión de los gobernadores, el Gobierno nacional finalmente declaró la Emergencia Ígnea por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Lo hizo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, una herramienta excepcional que volvió a ser utilizada como atajo ante la falta de consensos y la demora en la respuesta estatal.
El decreto también declara "zona de desastre" a los territorios afectados, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, y abarca no solo la presupresión y el combate del fuego, sino también la restauración ambiental y la prevención de nuevos focos. En sus fundamentos, el texto oficial admite que "la sequía, los vientos intensos y la magnitud de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y áreas cercanas superaron la capacidad de respuesta local y ponen en riesgo bienes, el ambiente y la vida de las personas".
La coordinación de las acciones quedó en manos de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que deberá articular la prevención, el combate de los incendios, la asistencia a la población y el apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva. El propio Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al sostener que el trámite legislativo ordinario "demoraría la adopción de medidas urgentes", aunque la crisis lleva meses desarrollándose.
La decisión terminó de gestarse recién esta semana, durante una reunión de la mesa política en Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto marcado por negociaciones con la oposición dialoguista y la necesidad del oficialismo de sostener el respaldo de los gobernadores para avanzar con su agenda legislativa. "Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa", había anunciado Adorni, confirmando una medida que hasta último momento estuvo en evaluación.
Desde el propio oficialismo admitieron que "se estaba discutiendo el formato" de la declaración de emergencia y que el impulso vino de "Santilli", en referencia al ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantuvo contactos directos con los mandatarios provinciales. La urgencia no era menor: según cifras oficiales, en los últimos meses se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 10.000 en Río Negro, 6.000 en Neuquén y 700 en Santa Cruz.
En paralelo al DNU, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó la Resolución 91/2026, que dispuso la transferencia de 100.000 millones de pesos para el sistema de Bomberos Voluntarios. El monto se distribuirá entre 1.062 entidades de todo el país, lo que implica $94.924.971,75 para cada una, "con destino a la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población", según consigna el Boletín Oficial. El Ejecutivo también destacó un "amplio despliegue de recursos operativos" que incluye más de 400 brigadistas, medios aéreos, fuerzas federales y asistencia sanitaria y social.
A ese esquema se sumó el envío de $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional a Chubut, tras las conversaciones entre el gobernador Ignacio Torres y Santilli. No obstante, los propios mandatarios provinciales remarcaron que la magnitud de la crisis climática y ambiental requiere "recursos y herramientas extraordinarias", tanto para el combate del fuego como para la recuperación de las comunidades y las economías regionales devastadas.
El reclamo fue suscripto por Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, con respaldo transversal de legisladores nacionales e incluso del ex presidente Mauricio Macri, aliado clave de La Libertad Avanza. La presión dejó en evidencia que la respuesta del Gobierno llegó más por necesidad política que por una planificación preventiva, en un contexto donde la emergencia ambiental quedó relegada hasta convertirse en un problema imposible de ignorar.
