Los viejos, la variable de ajuste
29 Enero de 2026 09:52
El Gobierno nacional volvió a elegir a los jubilados como variable de ajuste. A través del Decreto 65/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei confirmó que en febrero el bono extraordinario para quienes cobran el haber mínimo seguirá siendo de $70.000, el mismo monto que se paga desde marzo de 2024. En un contexto de inflación acumulada cercana al 180% desde entonces, la decisión implica una nueva y profunda pérdida del poder adquisitivo para los adultos mayores de menores ingresos. Con el aumento de 2,84% correspondiente a la inflación de diciembre, la jubilación mínima de ANSES se ubicará en $359.219,42.
Sumado el bono congelado, el ingreso total alcanzará los $429.219,42. Sin embargo, el dato que el Gobierno evita subrayar es que ese refuerzo, presentado oficialmente como una "compensación", se devalúa mes a mes y funciona, en los hechos, como una herramienta clave para sostener el superávit fiscal a costa de los jubilados. La medida genera además una situación regresiva dentro del propio sistema previsional. Mientras quienes cobran por encima de la mínima percibirán el aumento completo del 2,84% en sus haberes, los jubilados que dependen del bono apenas alcanzarán una mejora real del 2,3%, precisamente porque el refuerzo no se actualiza.
Así, el esquema que supuestamente protege a los sectores más vulnerables termina profundizando la desigualdad entre jubilados. El decreto establece que el bono completo de $70.000 será percibido por quienes cobren un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado. En tanto, aquellos que lo superen recibirán un monto variable hasta alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el bono. El refuerzo es no remunerativo, no computable para futuros aumentos y no genera ningún derecho adicional, consolidando su carácter transitorio y discrecional.
El alcance del bono incluye a jubilados del régimen contributivo, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o maternidad de siete hijos o más. En todos los casos, el denominador común es el mismo: ingresos que quedan cada vez más lejos de cubrir la canasta básica, mientras el Gobierno exhibe el equilibrio fiscal como principal logro de gestión. En los considerandos, el Poder Ejecutivo vuelve a cargar responsabilidades sobre la fórmula de movilidad anterior, establecida por la Ley 27.609, a la que acusa de no haber protegido a los jubilados frente a la inflación.
Sin embargo, el argumento pierde fuerza cuando se constata que el actual esquema de actualización mensual convive con un bono congelado que licúa ingresos y neutraliza cualquier mejora nominal. Desde julio de 2024, los haberes se actualizan mensualmente por inflación tras la modificación dispuesta por el Decreto 274/2024. Aun así, la combinación de aumentos moderados y refuerzos congelados configura un ajuste silencioso pero persistente. Mientras tanto, los jubilados siguen esperando que el "ordenamiento" de las cuentas públicas no se haga siempre sobre los mismos.
