Tarifazo de febrero: el Gobierno ajusta subsidios y traslada el costo a los hogares en nombre de la "previsibilidad"

Desde el 1º de febrero, las tarifas de los servicios públicos volverán a subir como resultado directo de la política del Gobierno nacional de acelerar la quita de subsidios y trasladar los costos reales del sistema energético a los usuarios. El ajuste más fuerte se dará en el gas, con un incremento promedio del 16,86% en todo el país, mientras que la electricidad aumentará 3,59% en las áreas abastecidas por Edenor y Edesur. La medida se inscribe en el proceso de "normalización" del mercado energético que impulsa la gestión de Javier Milei, aun cuando rige la emergencia económica y energética hasta julio de 2026.

Desde el oficialismo justificaron los aumentos en una combinación de factores técnicos que, en los hechos, consolidan un sendero de subas permanentes. A la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria se suma la actualización automática por fórmula que combina inflación mayorista y minorista, la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados y la aplicación de un precio de gas unificado y fijo para todo el año. Según el Gobierno, esta última decisión busca evitar saltos abruptos en invierno, aunque el impacto se concentra ahora en febrero, un mes de bajo consumo, lo que no elimina el efecto acumulativo sobre los ingresos familiares.

El discurso oficial insiste en la "previsibilidad" y en la necesidad de evitar sobresaltos estacionales en las facturas. Sin embargo, esa previsibilidad parece operar únicamente del lado de las empresas y del equilibrio fiscal, mientras que para los usuarios implica asumir aumentos sucesivos en un contexto de caída del poder adquisitivo. De acuerdo con los cálculos de la Secretaría de Energía, la categoría residencial más numerosa, que concentra al 42% de los usuarios de gas, tendrá subas de hasta 3.000 pesos, y uno de cada cinco usuarios verá incrementos menores a 1.000 pesos. 

Aun así, para el 70% de los hogares los aumentos promedios oscilarán entre 960 y 6.400 pesos, y para el 30% restante, correspondiente a mayores consumos, llegarán hasta 11.300 pesos. En paralelo, el Gobierno aprobó la Reprogramación Trimestral de Verano del Mercado Eléctrico Mayorista para el período febrero-abril de 2026, fijando nuevos precios estacionales de la energía, la potencia y los servicios asociados que servirán de base para los cuadros tarifarios en todo el país. La resolución 22/2026 encuadra la decisión en el objetivo de converger hacia precios "eficientes y sostenibles".

En pocas palabras, un concepto que, en la práctica, se traduce en un traslado gradual pero constante de los costos al usuario final. La medida también incluye cambios técnicos que impactan en la facturación, como la instrucción a CAMMESA para recalcular de manera transitoria los cargos de potencia de las distribuidoras utilizando un umbral del 75% de la demanda máxima histórica en lugar del 90%, con refacturación retroactiva desde noviembre de 2025. A esto se suma la actualización del recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, que desde febrero se elevó a 2.029 pesos por megavatio hora, alineado al 2% del precio estacional definido por la Secretaría de Energía.