El Gobierno avanza sobre la AFA y profundiza el conflicto con Tapia: designó veedores en la AFA

En una decisión que vuelve a tensar la relación entre el poder político y el fútbol argentino, el Gobierno nacional ordenó una "intervención en grado de veeduría" sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días. La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques, apunta a revisar en profundidad la estructura contable, administrativa y financiera de la entidad presidida por Claudio Tapia. El argumento oficial es la necesidad de "garantizar el control estatal" y relevar información que, según la Inspección General de Justicia, fue solicitada y no entregada por la conducción de la AFA. 

Sin embargo, la medida llega en un contexto de creciente confrontación política y despierta sospechas sobre los verdaderos objetivos detrás del avance. Los veedores designados -el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco- tendrán acceso total a libros contables, contratos, registros administrativos y operaciones financieras. Su misión será "obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la AFA", además de "verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley".

En la práctica, se trata de una auditoría exhaustiva sobre uno de los núcleos económicos más relevantes del deporte argentino, con capacidad incluso de derivar en consecuencias judiciales. Los funcionarios deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales, y una serie de vínculos comerciales que hoy están bajo la lupa. 

Entre ellos aparece la controvertida relación con TourProdEnter LLC, una firma que operaba en el exterior cobrando contratos vinculados a la Selección argentina y desde donde, según la resolución, se habrían movido al menos 400 millones de dólares hacia sociedades sin identificación clara. También se investigarán las conexiones con Sur Finanzas, ligada al financista Ariel Vallejo, y otros nombres como Javier Faroni y Erica Gillette.

Otro eje sensible es la fallida creación de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA), un proyecto que nunca terminó de concretarse pero que generó movimientos patrimoniales, convenios y contrataciones que ahora serán revisados en detalle. El avance del Gobierno se apoya en objeciones previas de la IGJ, que cuestionó la falta de entrega de información sobre el ejercicio 2025 y denunció como "ficticio" el intento de la AFA de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires para eludir su control. Ese punto se convirtió en uno de los detonantes formales de la intervención.

Pero más allá de los argumentos administrativos, el trasfondo político es ineludible. La conducción de la AFA reaccionó con dureza, calificó la medida como una "veeduría ilegítima", negó irregularidades y adelantó que buscará frenar el avance en la Justicia. La disputa, así, promete trasladarse a los tribunales. El timing tampoco pasa desapercibido. La veeduría se desarrollará en paralelo al próximo Mundial de fútbol, donde la Selección argentina será uno de los principales focos de atención. En ese contexto, cualquier conflicto institucional adquiere una dimensión aún mayor, tanto en lo deportivo como en lo económico.

A esto se suman las propias contradicciones dentro del Gobierno. La salida del anterior titular de la IGJ, Daniel Vítolo, y la llegada de Alejandro Ramírez generaron suspicacias sobre posibles cambios de criterio. Incluso el propio Mahiques quedó bajo observación por sus vínculos previos con el universo AFA, incluyendo su propuesta como vicerrector de la UNAFA y su relación con asesores de la entidad. Aunque formalmente la veeduría no implica una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, el alcance de las facultades otorgadas a los veedores -con acceso irrestricto a documentación y posibilidad de emitir informes parciales ante irregularidades- la convierten en una herramienta de fuerte presión institucional. El resultado de este proceso es incierto. Puede derivar en sanciones administrativas, nuevas denuncias judiciales o incluso en una escalada mayor del conflicto entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.