Crece el pesimismo
25 Marzo de 2026 13:23
El relato oficial que durante meses colocó a la inflación como el eje central del debate económico empieza a mostrar fisuras. No porque el problema haya desaparecido, sino porque para amplios sectores de la sociedad dejó de ser la urgencia principal. Hoy, la preocupación se trasladó a un terreno más concreto y cotidiano: cuánto alcanza el sueldo y qué tan seguro está el trabajo.
Así lo expone la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, que evidencia un corrimiento significativo en el mapa del malestar social. Los datos son contundentes: el 37% de los consultados señala a los bajos salarios como el principal problema del país, mientras que el 36% apunta a la falta de empleo. Recién después aparecen la corrupción (33%), la inseguridad (30%) y la pobreza (27%). La inflación, en cambio, cae al 20% y "ha perdido centralidad relativa".
El dato no implica alivio, sino todo lo contrario. Cuando la inflación deja de encabezar las preocupaciones, pero crecen el salario y el empleo, el foco se desplaza desde el problema macroeconómico hacia sus consecuencias directas. La angustia ya no pasa solo por los precios, sino por la pérdida de poder adquisitivo y la fragilidad del mercado laboral. En otras palabras, el ajuste empieza a sentirse en la vida cotidiana.
Este cambio de prioridades ocurre en un contexto de creciente pesimismo. Según el relevamiento, el 46% de los argentinos cree que el país va a empeorar en el próximo año, mientras que apenas un 30% espera una mejora. La expectativa negativa se consolida como clima dominante y funciona como telón de fondo de una sociedad que empieza a revisar su apoyo al rumbo económico. Ese deterioro se refleja también en la evaluación del Gobierno de Javier Milei.
La encuesta marca un 39% de aprobación frente a un 59% de desaprobación, con una suba de 7 puntos en el rechazo respecto de la medición anterior. El dato no es menor: el desgaste coincide temporalmente con el avance de las preocupaciones por salario y empleo. La relación no parece casual. El propio informe advierte que el "crédito" social del Gobierno comienza a ajustarse ante la persistencia de los problemas económicos, especialmente en esos dos frentes.
La desaceleración de la inflación, principal bandera oficial, no logra traducirse con la misma fuerza en mejoras concretas del ingreso ni en estabilidad laboral. Ese límite es el que empieza a tensionar la narrativa libertaria. El malestar se amplifica cuando se observa la percepción general del rumbo del país. Solo el 33% de los encuestados se declara satisfecho con la marcha de las cosas, mientras que el 65% expresa insatisfacción.
Además, este indicador cayó 7 puntos desde noviembre de 2025, consolidando un saldo claramente negativo. Se trata de un termómetro clave: no mide solo una política puntual, sino la confianza global en el proceso económico y político. Y lo que muestra es que esa confianza se está erosionando. En paralelo, la encuesta deja ver una sociedad dividida frente a las reformas estructurales.
Mientras que medidas vinculadas a la seguridad, como la baja de la edad de imputabilidad, alcanzan un respaldo del 68%, la reforma laboral -uno de los ejes del programa oficial- enfrenta un 59% de rechazo. Es decir, el Gobierno encuentra apoyo en agendas punitivas, pero tropieza cuando avanza sobre derechos laborales en un contexto de creciente inseguridad económica. El cuadro que surge del relevamiento es el de una transición delicada: la inflación ya no monopoliza la preocupación, pero no porque la economía esté resuelta, sino porque el impacto del ajuste se trasladó al ingreso y al empleo.
