Hay 17 detenidos: estafan a la UBA por $1.591 millones con firmas falsas y cuentas fantasma

El corazón académico del país fue golpeado donde más duele: en su confianza institucional. La Universidad de Buenos Aires, símbolo de educación pública y excelencia, denunció una estafa que no solo vació cuentas por más de 1.591 millones de pesos, sino que dejó en evidencia un fallo estrepitoso en los mecanismos de control tanto universitarios como bancarios. La historia comenzó en silencio, como suelen hacerlo los fraudes mejor calculados. 

En septiembre del año pasado, las facultades de Derecho y de Odontología detectaron, por separado, un faltante inusual de fondos. Lo que en principio podría haber parecido un error administrativo se reveló, tras una rápida investigación interna, como una maniobra criminal minuciosa: las cuentas del Banco Nación asociadas a ambas instituciones habían sido vaciadas a través de trece transferencias realizadas bajo el sistema MEP (Medio Electrónico de Pago).

Pero los destinatarios de esas transferencias no existían. Eran personas físicas y jurídicas ficticias, creadas con el único propósito de desviar fondos públicos. Las órdenes de movimiento no contaban con los formularios físicos exigidos ni con la validación presencial de las firmas autorizadas. Fueron ejecutadas por el Banco Nación a partir de un correo electrónico trucho -[email protected] y luego reforzadas con papeles falsificados entregados por un cadete.

Todo esto sin que nadie en la cadena de autorización detuviera el proceso. La estafa no terminó ahí. Los delincuentes aún intentaban llevarse otros 341 millones cuando se encendieron las alarmas. El caso llegó rápidamente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, con intervención de la Fiscalía N°8 a cargo del fiscal Eduardo Taiano. Hoy, el expediente está en manos del juez Sebastián Ramos y ya hay 17 personas detenidas, con al menos cuatro imputadas directamente por la maniobra.

"El Banco Nación omitió procedimientos básicos: no verificaron firmas, no pidieron documentación. Levantaron una orden enviada desde un mail que no pertenece a la UBA y ejecutaron sin chequear", relataron desde la Secretaría de Hacienda de la universidad. Y es que las normas del banco son claras: cualquier transferencia de este tipo requiere la presentación física del formulario firmado en la sucursal correspondiente. Nada de eso ocurrió.

La indignación no es solo institucional. El daño simbólico es profundo. La UBA, que con esfuerzo sostiene su estructura educativa en medio de recortes y peleas por el presupuesto, fue despojada de recursos destinados a la formación de miles de estudiantes. El dinero no era un sobrante: tenía un destino, un propósito académico, ahora frustrado por el accionar delictivo de una red que conocía bien cómo operar sin levantar sospechas.

Desde el Banco Nación afirmaron ser querellantes en la causa y también iniciaron una investigación interna. Mientras tanto, la universidad mantiene auditorías estrictas en las facultades involucradas, donde las actividades continúan, pero bajo un clima tenso de revisión y control exhaustivo. El secretario de Hacienda, Matías Ruiz, fue categórico: "Esperamos que la Justicia actúe con celeridad para recuperar los fondos y sancionar a los responsables". Detrás del lenguaje técnico, de las cifras y del proceso judicial, hay una verdad inquietante: alguien supo vulnerar el sistema que debía proteger a la principal institución educativa de la Argentina. Y lo hizo con frialdad quirúrgica.