Heridas históricas
30 Marzo de 2026 13:28
El asesinato de un alumno de 13 años en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, en el municipio santafesino de San Cristóbal, vuelve a sacudir a la sociedad con una escena que parecía lejana, casi excepcional. El hecho no solo impacta por su brutalidad, sino porque reabre una herida que, hasta ahora, tenía un único antecedente de magnitud: la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida en 2004.
Durante más de dos décadas, Argentina había logrado sostener una rara excepción frente a otros países donde los ataques dentro de escuelas se repiten con mayor frecuencia. Lo sucedido en Santa Fe quiebra esa tendencia y obliga a revisar, una vez más, las condiciones que rodean a la violencia escolar: desde el acceso a armas hasta los mecanismos de prevención y contención dentro y fuera de las aulas.
Una tragedia que marcó un antes y un después
El 28 de septiembre de 2004 quedó grabado como uno de los días más trágicos del país. A las 7:30 de la mañana, un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela N° 202 Islas Malvinas, en Carmen de Patagones, y abrió fuego contra sus compañeros dentro del aula.
En cuestión de segundos, tres adolescentes —Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce— fueron asesinados, mientras que otros cinco estudiantes resultaron gravemente heridos: Nicolás Leonardi, Natalia Salomón, Cintia Casasola, Pablo Saldías y Rodrigo Torres.
El autor del ataque fue Rafael Juniors Solich, quien utilizó una pistola Browning calibre 9 milímetros perteneciente a su padre, suboficial de la Prefectura Naval Argentina. El arma había sido tomada de su casa horas antes, junto con tres cargadores completos.
Según la investigación judicial, el adolescente había planificado el ataque la tarde anterior, tras una fuerte discusión con su padre. El expediente también reveló un contexto atravesado por violencia familiar, conflictos escolares y un marcado aislamiento social. Aquella mañana, sin docentes presentes en el aula, Solich se levantó de su banco, avanzó hacia el frente y comenzó a disparar sin mediar palabra. Luego salió al pasillo, recargó el arma e intentó continuar.
En sus primeras declaraciones, el joven reconoció los hechos, aunque aseguró no tener un registro claro de lo ocurrido. Los peritajes psicológicos y psiquiátricos hablaron de un cuadro complejo, con trastornos de salud mental y un entorno personal profundamente conflictivo.
El después: una vida atravesada por la institucionalización
Qué hacer con el autor de la masacre fue, y sigue siendo, un dilema difícil de resolver. En su momento, se evaluaron distintas alternativas —clínica psiquiátrica, comunidad terapéutica o instituto—, pero nunca se establecieron plazos claros.
Tras el ataque, y debido a la falta de vacantes, Solich pasó tres meses alojado en una base de Prefectura en Ingeniero White. Recién a comienzos de 2005 fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, en Ensenada, donde atravesó condiciones difíciles, con episodios de autoagresión y conflictos con otros internos. Finalmente, fue derivado a un neuropsiquiátrico en San Martín.
Los primeros informes lo describían como un joven "monosilábico", "poco comunicativo", aunque también "educado" y "asustado" por la incertidumbre sobre su futuro. Durante todo ese proceso, sus únicos contactos fueron familiares cercanos, profesionales y funcionarios.
En 2007, tras informes favorables, se le otorgó un régimen de salidas supervisadas. Visitaba a sus padres en Punta Lara, estudiaba inglés, leía filosofía y caminaba por la playa. Sin embargo, esas salidas comenzaron a generar preocupación, lo que derivó en la exigencia de acompañamiento terapéutico.
Al cumplir 21 años, su caso pasó al fuero de Familia y, tiempo después, fue trasladado a una clínica en La Plata, donde continúa en tratamiento hasta hoy. Actualmente tiene 36 años, es padre de un hijo en edad escolar y mantiene un régimen controlado entre la institución y encuentros familiares.
Un presente que vuelve a encender las alarmas
El reciente ataque en San Cristóbal, donde un alumno mató a un compañero e hirió a otros estudiantes, vuelve a poner en primer plano una problemática que muchas veces permanece invisibilizada: el bullying, el aislamiento y el sufrimiento silencioso de algunos adolescentes.
Si bien cada caso tiene sus particularidades, los especialistas coinciden en que estos hechos no suelen ser repentinos ni aislados. Detrás, suelen existir señales previas: conflictos no abordados, violencia naturalizada, falta de escucha y contextos familiares o escolares que no logran contener.
Pensar estos episodios únicamente como hechos policiales sería un error. La violencia escolar es un fenómeno complejo que interpela a toda la sociedad. Padres, docentes y autoridades tienen un rol clave en la detección temprana de situaciones de acoso, en la generación de espacios de diálogo y en la construcción de vínculos donde los adolescentes puedan expresar lo que les pasa.
El bullying no es un problema menor ni una etapa pasajera: puede dejar marcas profundas y, en los casos más extremos, derivar en consecuencias irreversibles. Prevenir implica escuchar, acompañar y actuar a tiempo. Porque detrás de cada silencio, de cada conducta retraída o agresiva, puede haber un pedido de ayuda que no está siendo atendido.
