01 Abril de 2026 15:14
La decisión del fiscal federal Gerardo Pollicita de citar a declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko marca el primer movimiento concreto de una causa que comienza a incomodar al corazón del Gobierno. En el centro de la escena aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y una serie de operaciones inmobiliarias que, lejos de disipar dudas, abren interrogantes sobre su estructura de financiamiento.

La citación se conoció el mismo día en que el Gobierno confirmó que Adorni canceló la conferencia de prensa. No se trata de una suspensión aislada, sino de una decisión política que se inscribe en una estrategia más amplia de repliegue comunicacional, luego de cruces tensos con periodistas en los que el funcionario evitó dar precisiones sobre estas maniobras. La investigación pone el foco en la compra de un departamento en Caballito por 230.000 dólares.
Según los registros, el 87% de esa operación -unos 200.000 dólares- fue financiado mediante préstamos personales otorgados por las propias vendedoras: dos mujeres de 64 y 72 años, sin vínculo previo conocido con el funcionario. En un mercado inmobiliario donde el crédito prácticamente no existe y las operaciones se realizan mayoritariamente en efectivo, el esquema despierta sospechas. No solo por la magnitud del financiamiento entre desconocidos, sino también por la lógica inversa de la operación: son las vendedoras quienes asumen el riesgo crediticio, hipotecando el propio inmueble vendido.
A esto se suma otro dato inquietante: cuando periodistas intentaron ubicar a las prestamistas, una de ellas afirmó no conocer a Adorni y la otra no pudo ser localizada, mientras que quien atendió en su domicilio también negó tener referencias del funcionario. En este entramado aparece la figura de Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino tanto en la compra del departamento en Caballito como en la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.


Lejos de ser una profesional ajena a controversias, Nechevenko ya había declarado en un juicio oral vinculado a una de las tramas más oscuras del narcotráfico en la Argentina: el circuito ilegal de importación de efedrina. Seg´´un informó el diario Clarín, en ese expediente, la escribana reconoció haber trabajado durante años con empresarios luego condenados por integrar una red que, bajo la fachada de laboratorios, importó toneladas de efedrina muy por encima de las necesidades de la industria farmacéutica. Aquella sustancia era clave para la producción de metanfetaminas.
La causa tuvo conexiones con el Triple crimen de General Rodríguez, un punto de quiebre en la investigación del narcotráfico en el país, y expuso el uso sistemático de testaferros y sociedades fantasma para canalizar operaciones ilegales. Durante su testimonio, Nechevenko se limitó a describir tareas formales de certificación de firmas, aunque admitió haber intervenido en la constitución de empresas utilizadas en ese circuito. También quedó expuesta su relación con figuras clave de la red, como Josué Fuks -aún prófugo- y otros condenados.
El dato que termina de tensar el escenario político es la continuidad de vínculos: la misma escribana que certificó firmas en estructuras utilizadas para el tráfico de precursores químicos es hoy quien da fe de las operaciones patrimoniales del jefe de Gabinete. Según trascendió, Nechevenko visitó en al menos siete oportunidades la Casa Rosada, un dato que refuerza su cercanía con el funcionario y que ahora será materia de análisis judicial.

Mientras la Justicia comienza a mover sus piezas, para determinar si estas coincidencias responden a una mera casualidad profesional o si forman parte de un entramado más complejo que excede lo declarativo, el Gobierno opta por el hermetismo. La cancelación de la conferencia de prensa de Adorni no hizo más que alimentar las sospechas y consolidar la percepción de que hay más preguntas que respuestas.

