¿Traición con firma y sello?
23 Junio de 2025 10:21
En medio de una fuerte tensión social y sindical, el Gobierno libertario de Javier Milei no levanta el pie del acelerador. Apenas días después de que una multitud colmara el centro porteño en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la gestión nacional decidió avanzar con una de las reformas más sensibles del Pacto de Mayo: la modificación del régimen de indemnizaciones laborales.
La maniobra se cristalizó en dos movimientos clave. Por un lado, la convocatoria formal del Consejo de Mayo para este martes 24 de junio, órgano que debatirá el polémico "sistema de cese laboral". Por otro, la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 1071/2025, que habilita legalmente a las empresas a crear Fondos Comunes de Inversión (FCI) y Fideicomisos Financieros (FF) para que los trabajadores, en la práctica, comiencen a financiar sus propias indemnizaciones.
El nuevo esquema, definido por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger como una opción "voluntaria", permitirá reemplazar la indemnización por antigüedad (consagrada en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo) por un sistema de aportes mensuales. Los fondos podrán ser gestionados a través de productos financieros regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y estarán "protegidos" de embargos por deudas personales, pero completamente desligados de toda instancia judicial o estatal de control laboral.
Lejos de una reforma integral por ley, el nuevo modelo se discutirá en cada Convenio Colectivo de Trabajo, lo que atomiza la negociación, elimina el rol central de la CGT, y somete a los trabajadores a la lógica de acuerdos sectoriales desiguales. Es decir: patrones y empleados negociarán, uno a uno, cuánto se aporta, cómo, cuándo y con qué garantías, desnaturalizando la noción de indemnización como un derecho y no como una inversión especulativa.
Un Consejo de Mayo a medida del ajuste
La convocatoria al Consejo de Mayo no solo legitima este nuevo sistema sino que expone el armado unilateral del Gobierno, que designó por decreto (382/2025) a los miembros sin consenso con las partes. A la cabeza estará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acompañado por Federico Sturzenegger, Carolina Losada, Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo, Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA).
La presencia de Martínez, único representante sindical, no es casual. El gremio de la construcción es el único que ya aplica un sistema similar de cese laboral. Su inclusión parece más una validación simbólica que una representación genuina de los intereses obreros, y fue leída por muchos sectores de la CGT como un gesto de complicidad con el modelo libertario.
De hecho, la CGT atraviesa una nueva grieta interna, con sectores cercanos al kirchnerismo -como la UOM de Abel Furlán y el SMATA de "Paco" Manrique- enfrentados a posiciones más conciliadoras como la de Martínez. La reciente reacción tibia frente a la prisión domiciliaria de CFK ya había dejado al descubierto las tensiones. La reforma laboral libertaria amenaza ahora con quebrar definitivamente la unidad obrera.
¿Fondo de cese o caballo de Troya?
El nuevo sistema propuesto por el Gobierno establece dos modalidades:
- Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Cese Laboral: con aportes periódicos definidos entre empleadores y trabajadores, inembargables y de libre disposición tras la desvinculación. Los fondos estarán regulados por la CNV, que controlará sus políticas de inversión. No podrán invertir en empresas empleadoras ni concentrar más del 30% en una misma industria.
- Fideicomisos Financieros (FF): con normas más laxas y posibilidad de incorporar fiduciantes durante su vigencia. No requerirán prospectos aprobados, pero sí deberán detallar mecanismos de pago, plazos y destino de remanentes. Los certificados de participación serán intransferibles y no podrán ser usados para otras inversiones.
Ambos mecanismos están presentados como modernos, flexibles y voluntarios. Sin embargo, el diseño apunta a romper con el principio de indemnización como reparación económica ante el despido, promoviendo una lógica de autogestión que favorece a las patronales y desprotege a los trabajadores, especialmente a los más vulnerables. Sturzenegger fue claro: la ley ahora permite a los convenios colectivos armar "su propio sistema". El rol del Congreso desaparece. La CGT queda relegada. El Estado se corre. El resultado: una indemnización fragmentada, autogestionada y convertida en un producto financiero.
A esto se suma un dato no menor: la CNV ya habilitó con la Resolución 1066/2025 las bases para crear estos "instrumentos de inversión" y les dio el aval institucional. Lo que estaba en el borrador del Pacto de Mayo ahora se vuelve práctica. El ajuste tiene rostro: el del trabajador pagando su propio despido con plata que nunca tocará. La jugada del Gobierno amenaza con transformarse en el corazón de la nueva arquitectura laboral del país.
